Funcionario de la Gobernación del Guayas habría vendido información sobre operativos

El servidor público cobraba entre 100 y 500 dólares.

GUAYAQUIL, Ecuador.- Pedro Pablo Duart, gobernador del Guayas, muestra la denuncia sobre este caso.
28 Febrero, 2020, 8:41 pm
Por: Televistazo y Redacción 
Un funcionario de la Gobernación del Guayas habría cobrado entre 100 y 500 dólares por advertir sobre operativos policiales a dueños de bares, discotecas y moteles del noroeste de Guayaquil. 
 
 
En rueda de prensa, el gobernador, Pedro Pablo Duart; la fiscal provincial, Janina Villagómez; y el jefe de la Policía Judicial, Julio Miño, explicaron este viernes 28 de febrero que, además del empleado público, otras siete personas están detenidas. Se investiga un posible delito de cohecho
 
El funcionario era asistente de una de las comisarías del Puerto Principal. Había creado un chat para que los propietarios de estos establecimientos cierren sus locales o les daba una prórroga para que obtengan los permisos de funcionamiento.
 
De acuerdo a las autoridades, las investigaciones duraron tres meses y no descartan que otros servidores públicos estén implicados.
 
También se revisarán los permisos de funcionamientos que han sido entregados en los últimos 90 días a los dueños de más de 50 centros de diversión nocturna.
 
De ser hallados culpables, los implicados podrían enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión
Un funcionario de la Gobernación del Guayas habría cobrado entre 100 y 500 dólares por advertir sobre operativos policiales a dueños de bares, discotecas y moteles del noroeste de Guayaquil. 
 
 
En rueda de prensa, el gobernador, Pedro Pablo Duart; la fiscal provincial, Janina Villagómez; y el jefe de la Policía Judicial, Julio Miño, explicaron este viernes 28 de febrero que, además del empleado público, otras siete personas están detenidas. Se investiga un posible delito de cohecho
 
El funcionario era asistente de una de las comisarías del Puerto Principal. Había creado un chat para que los propietarios de estos establecimientos cierren sus locales o les daba una prórroga para que obtengan los permisos de funcionamiento.
 
De acuerdo a las autoridades, las investigaciones duraron tres meses y no descartan que otros servidores públicos estén implicados.
 
También se revisarán los permisos de funcionamientos que han sido entregados en los últimos 90 días a los dueños de más de 50 centros de diversión nocturna.
 
De ser hallados culpables, los implicados podrían enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión