Condenan a traficante de armas que operaba con 'Guacho'

El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas sentenció, la tarde de este lunes 11 de noviembre, a 10 años de privación de libertad y al pago de una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados –por el delito de tráfico ilícito de armas– a Sobeida Q.. La mujer es señalada como la persona que lideraba la red de tráfico de armas y municiones al servicio del grupo armado “Oliver Sinisterra”.

Según las autoridades, alias 'Sobeida' actuaba como brazo operativo logístico de abastecimiento de armas en la provincia de Esmeraldas, cantón San Lorenzo. Además de ella, otros dos integrantes de la organización delictiva recibieron condena.

La misma condena recibió Walter A., alias 'Angulo', militar en servicio activo, cuyo trabajo dentro de la organización era entregar las municiones que obtenía de los diferentes rastrillos a alias 'Sobeida'.

Mientras que, Jorge O., alias 'el Mono', que era el encargado de dar seguridad y transporte en un vehículo a alias 'Sobeida', recibió una condena de 4 años de prisión y una multa de 13,3 salarios básicos unificados.

Luego de varias diligencias y diez meses de investigaciones, la Fiscalía presentó varios indicios relacionados con este ilícito, encontrados durante los allanamientos ejecutados en la Operación “Camaleón”. Además de datos obtenidos a través interceptaciones telefónicas entre los procesados, presuntos integrantes de la organización delictiva, integrada por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, que serían parte de la estructura delictiva financiada por Guacho, lider del grupo armado Oliver Sinisterra.

Otros ocho procesados en este mismo caso ya recibieron sentencia mediante procedimiento abreviado: José P., alias “Plaza”; Rodolfo B., alias “David”; Jickson  A., alias “Jickson”; Dicxon N., alias “Nazareno”; César B., alias “Bravo”; Oswaldo B., alias “Gordo”;  Cristian M., alias “Medina”; y, Liderson A., alias “Ayoví”.

Además de dos materializaciones en delito flagrante de David C., alias “Caice”, y Julio F., alias “Julio”, cuyas sentencias oscilan entre los cuatro y los siete años de prisión.

Entre los procesados consta personal militar en servicio activo y pasivo, encargados de los rastrillos (bodegas de armamento y pertrechos) que proveían de municiones para armas largas y cortas a grupos irregulares, que eran transportadas en vehículos livianos y de transporte público, camuflados en productos comestibles y cuyo destino eran zonas de la Frontera Norte, para su posterior comercialización.

Para lograr su cometido, incluso alteraban los registros de las base de datos del Sistema de Inventarios Logísticos del Ejército, denominado “SILOGE”, con el fin justificar el faltante de munición de sus rastrillos.