Contralor dice que denuncia en su contra no es legal

"Pienso que el objetivo de esta denuncia es exclusivamente político", señaló Celi.

  • Contralor dice que la denuncia en su contra carece de sustento legal. Foto: Archivo - Referencial
4 Diciembre, 2018, 12:45 pm
Por: Redacción 
El contralor subrogante, Pablo Celi, recibió la condecoración Juan Montalvo que la Cámara de Comercio de Quito entrega como reconocimiento al mérito cívico. Este año el funcionario fue reconocido por sus esfuerzos en la lucha anticorrupción y contra la impunidad.
 
La Cámara de Comercio dio así su respaldo a Celi, después que la fiscal encargada, Ruth Palacios, iniciara una investigación por la denuncia de usurpación de funciones en su contra y del exfiscal, Paúl Pérez, presentada por el ciudadano José Regato Cordero en septiembre de este año.
 
 
 
En el marco de la ceremonia de condecoración, Celi aseguró que la denuncia en su contra tiene un trasfondo político. “Es lamentable que con actuaciones que carecen de todo sustento legal se pretenda retardar procesos, impedir la conclusión de investigaciones, evitar que la Fiscalía se pronuncie sobre una gran cantidad de indicios de responsabilidad penal que la Contraloría ha puesto a consideración de la Fiscalía”.
 
Además, Celi criticó a la fiscal encargada, Ruth Palacios. “Me admira un poco que haya existido una gran celeridad para acoger una denuncia sin sustento y mucha lentitud para acoger los inicios penales que de manera sustentada la Contraloría viene presentando”.
 
Celi aseguró que la Contraloría demostrará la legitimidad de sus funciones y la vigencia de todos los informes y responsabilidades emitidas durante su período. “Estoy ejerciendo una subrogación por mandato legal. El país tiene que estar absolutamente tranquilo. Aquí no va a haber ninguna conspiración política, ninguna estrategia del caos que vaya a invalidar lo que la Contraloría ha hecho”.
 
En lo que va del año, la Contraloría ha aprobado 891 informes de auditoría, muchos de ellos acompañados con indicios de responsabilidad penal contra funcionarios del gobierno pasado y que fueron enviados a la Fiscalía.
 
Las declaraciones las realizó en la entrega del premio Juan Montalvo de la Cámara de Comercio de Quito a Pablo Celi. Esta Cámara entrega este reconocimiento a las personas que defienden los derechos civiles, las garantías penales y la transparencia en la gestión pública.
 
El contralor subrogante, Pablo Celi, recibió la condecoración Juan Montalvo que la Cámara de Comercio de Quito entrega como reconocimiento al mérito cívico. Este año el funcionario fue reconocido por sus esfuerzos en la lucha anticorrupción y contra la impunidad.
 
La Cámara de Comercio dio así su respaldo a Celi, después que la fiscal encargada, Ruth Palacios, iniciara una investigación por la denuncia de usurpación de funciones en su contra y del exfiscal, Paúl Pérez, presentada por el ciudadano José Regato Cordero en septiembre de este año.
 
 
 
En el marco de la ceremonia de condecoración, Celi aseguró que la denuncia en su contra tiene un trasfondo político. “Es lamentable que con actuaciones que carecen de todo sustento legal se pretenda retardar procesos, impedir la conclusión de investigaciones, evitar que la Fiscalía se pronuncie sobre una gran cantidad de indicios de responsabilidad penal que la Contraloría ha puesto a consideración de la Fiscalía”.
 
Además, Celi criticó a la fiscal encargada, Ruth Palacios. “Me admira un poco que haya existido una gran celeridad para acoger una denuncia sin sustento y mucha lentitud para acoger los inicios penales que de manera sustentada la Contraloría viene presentando”.
 
Celi aseguró que la Contraloría demostrará la legitimidad de sus funciones y la vigencia de todos los informes y responsabilidades emitidas durante su período. “Estoy ejerciendo una subrogación por mandato legal. El país tiene que estar absolutamente tranquilo. Aquí no va a haber ninguna conspiración política, ninguna estrategia del caos que vaya a invalidar lo que la Contraloría ha hecho”.
 
En lo que va del año, la Contraloría ha aprobado 891 informes de auditoría, muchos de ellos acompañados con indicios de responsabilidad penal contra funcionarios del gobierno pasado y que fueron enviados a la Fiscalía.
 
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