Keiko Fujimori intenta preservar su libertad y a su partido

La justicia peruana retomó este jueves una audiencia para decidir si manda a prisión preventiva a la líder opositora Keiko Fujimori, quien paralelamente lanzó una reestructuración en su monolítico partido, ahora sumido en una crisis interna.

La hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) comparecía por tercer día ante el juez Richard Concepción Carhuancho por un pedido de la fiscalía de prisión preventiva por 36 meses, después de pasar una semana detenida por la misma causa a mediados de este mes.

La transmisión por canales de televisión, radios, internet y redes sociales revela un notable interés por este caso en Perú. En cafés y bares, el público se agolpa frente a las pantallas, algo sólo comparable a lo que ocurría con los partidos de Perú en el Mundial de Rusia-2018.

Pero mientras la justicia amenaza la aspiración de Keiko de ser candidata presidencial por tercera vez en 2021, ella enfrenta una sorpresiva crisis dentro de su partido Fuerza Popular (derecha populista), que domina el Congreso peruano y fue el más votado en los comicios generales de 2011 y 2016.

Keiko, de 43 años, suspendió el miércoles los órganos directivos del partido, incluido el Comité Político, y designó en lugar de ellos a un "comité de emergencia" para enfrentar la crisis, que detonó en el peor momento para la poderosa líder opositora.

"En este período de transición, todas las funciones del Comité Político y del Comité Ejecutivo Nacional serán manejadas por el Comité de Emergencia. Sus miembros cumplirán también la función de voceros" de la bancada parlamentaria, anunció Keiko en Twitter.

Keiko ha manejado en forma autocrática al partido desde que lo fundó en 2011, sin tolerar ningún tipo de disidencia.

Sin contemplación marginó a su propio hermano menor Kenji e hizo que el Congreso lo despojara de su banca parlamentaria en junio, tras ser denunciado por un legislador leal a ella de un intento de comprar su voto. Ambos hermanos libran una guerra fratricida por el legado político de su padre.

En medio de esta crisis partidaria, Keiko adoptó un inusual tono conciliador, llamando el martes a la "paz y el reencuentro" con el gobierno, tras haber mantenido un sello beligerante desde la campaña de 2016, que perdió ante Pedro Pablo Kuczynski.

"Terminemos juntos esta guerra política reconociendo que todos hemos sido parte de ella", declaró Keiko, quien no dio tregua a Kuczynski hasta forzarlo a renunciar a la presidencia en marzo pasado.

El desgaste causado por sus líos judiciales, sus disputas familiares y ser oposición obstruccionista, ya le pasó factura en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre, en las que el fujimorismo no ganó ninguna de las 25 gobernaciones ni alcaldías importantes.

El partido cosechó menos del 3% de votos, mientras que en las presidenciales de 2016 Keiko había obtenido 40%.

- El patriarca observa impotente -

La popularidad de Keiko se ha desplomado a niveles críticos, con 86% de desaprobación, nivel comparable solo al de su padre cuando colapsó su gobierno por un escándalo de corrupción generalizada y se marchó a Japón, desde donde renunció por fax a la presidencia.

La frustración por haber perdido una segunda elección presidencial (la primera fue en 2011 ante Ollanta Humala) indujo a Keiko a enviar a su mayoría parlamentaria a una guerra sin cuartel contra Kuczynski, hasta que el mandatario arrojó la toalla.

Intentó hacer lo mismo con el actual presidente Martín Vizcarra, pero éste reaccionó con energía a los embates del Congreso, lo que terminó por desplomar la popularidad de Keiko.

El expresidente de ancestros japoneses, de 80 años, está internado en una clínica de Lima en calidad de detenido desde que hace tres semanas la justicia peruana anulara el indulto que le había concedido Kuczynski en diciembre, mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.

Desde su cama, el patriarca del clan observa con impotencia la complicada situación de su hija.

- Once pedidos de prisión -

En el primer día de la audiencia judicial, el fiscal José Domingo Pérez afirmó que dentro del partido de Keiko "había una organización de facto", que se encargó de manejar aportes ilegales de campaña.

"Es falso que la señora Keiko lidere una organización criminal que interfiere con el Congreso y el sistema de justicia", dijo en su alegato el miércoles la abogada defensora, Giuliana Loza.

El fiscal pide prisión preventiva para 11 dirigentes y cuadros fujimoristas, quienes supuestamente manejaron 1,2 millones de dólares aportados por la brasileña Odebrecht a la campaña de Keiko.

Pérez había pedido prisión preventiva para 12 fujimoristas, pero archivó la solicitud contra uno de ellos el miércoles.

El pedido de prisión preventiva debe ser resuelto por el juez Concepción Carhuancho, a quien Keiko acusa de estar confabulado con el fiscal Pérez.