Familiares de víctimas de mala práctica médica apoyan nuevas sanciones

Elsa Sánchez, madre de Mireya Ríos, vive una constante zozobra. Su hija es una joven que está postrada en una silla de ruedas, con daño cerebral, después de una cesárea en una clínica privada de Guayaquil.

Durante cinco años, su familia ha enfrentado cinco audiencias de juzgamiento, todas fallidas, contra los doctores acusados como responsables del estado de Mireya.

Según las investigaciones, no se realizaron los controles antes de la intervención quirúrgica. 

La justicia ha sido lenta para resolver este caso, dice Arnulfo Ríos, padre de la afectada.

Aunque el caso de Mireya no será juzgado con el nuevo Código Integral Penal, cuyo artículo 146 ha generado protestas de doctores, víctimas de la negligencia médica sienten que al fin hay una ley que los respalda.

Este caso, y otros 32 los representa legalmente la Fundación Carlitos Rodríguez, de Patricia Cárdenas, quien conoce de cerca esta realidad. Ella anuncia medidas de hecho para respaldar el marco legal.

De las 54 denuncias registradas en la Fiscalía entre el 2011 y el 2012, por mala práctica médica, 30 fueron desestimadas.

Por su parte el gremio de médicos anuncia más movilizaciones para el próximo 25 de febrero, en caso de que la Corte Nacional de Justicia no acepta la aclaración al artículo 146.

El nuevo Código Integral Penal estará vigente en los próximos meses.