Choferes, cooperativas y dueños serán responsables solidarios

Los conductores, los propietarios de los vehículos y las operadoras de transporte público serán responsables solidariamente en caso de daños por accidentes de tránsito. Los tres recibirán una sanción civil, pero el conductor además será responsable penalmente.

Esto según lo establece el artículo 376 del nuevo Código Penal que fueron modificados por el presidente de la República, Rafael Correa, en el veto.

El secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha, Fabricio Vivanco, asegura que el gremio está de acuerdo en compartir sanciones administrativas, más no penales, como se había planteado inicialmente.

“Porque las operadoras también tienen responsabilidad en el tema del mantenimiento de las unidades”, señaló Vivanco.

Para la penalista Paulina Araujo, el éxito de la legislación no está en la dureza de la misma, sino en la certeza de que la ley no se puede evadir. “Si con todo lo que se está presentando me garantizan que todos los jueces van a actuar en derecho, que a todas las personas le van a aplicar de manera igual la ley”, dice.

Guillermo Abad, titular de Justicia Vial, coincide con Araujo y asegura que también hay que ser más rigurosos con la entrega de licencias profesionales, pues según datos de la Organización el Transporte Público representa apenas el 12% del parque automotor, pero provoca el 48% de los accidentes de tránsito.

“(Antes) la operadora y el dueño del vehículo se lavaban las manos y decían 'no conocemos al conductor, no sabemos quién es y al final del camino los perjudicados por este siniestro no tenían a quién reclamar”, comenta Abad.

Los choferes con licencia tipo B, C y D serán sancionados con mayor dureza por el Código Penal con respecto a los que portan documento tipo Sportman.

Los casos de exceso de velocidad serán considerados delito y para los conductores es una contravención. 

Tanto los choferes como las autoridades coinciden en que es necesario realizar un trabajo permanente de prevención para evitar sanciones que llegan hasta la prisión.