Caso Gabela: ponen plazo para entrega de información

El juez Víctor Romero dispuso la tarde del viernes 4 de mayo de 2018 al Ministerio de Justicia que en diez días entregue toda documentación relacionada con el informe sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea general Jorge Gabela.

 

 

Pero Patricia Ochoa, viuda de Gabela, es escéptica. “Hemos pedido en muchas ocasiones eso, lo dudo mucho que aparezcan las actas firmadas y sumilladas y notariadas. Realmente he pasado por mucho, mucha denegación de justicia, muchas mentiras a través del informe que nos han presentado y realmente no creo que nos vayan a entregar. El verdadero informe no lo entregan. Las únicas dos cosas certeras son la caída de los Dhruv que no sirven y el asesinato de mi esposo después de haber sido perseguido y amenazado”, aseveró. 

 

Han pasado más de siete años desde que el excomandante Gabela fue asesinado en su domicilio, meses después de oponerse a la compra de los fallidos helicópteros Dhruv.

 

Su familia no cree que fue la delincuencia común y sigue reclamando el informe original sobre su muerte, que fue elaborado por un comité de ministros creado mediante decreto por el expresidente Rafael Correa. Solo han recibido copias sin firmas de responsabilidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La tarde del viernes 4 de mayo, en audiencia, los representantes de la Presidencia de la República y de la Procuraduría repitieron insistentemente que el documento no reposa en los archivos de Carondelet.

 

 

 

“En el archivo de la Presidencia de la República no consta el mencionado informe. Así mismo hemos demostrado también que el Ministerio ha otorgado copias certificadas de dicho informe a la parte interesada, con lo se ha dado cumplimiento al derecho al acceso a la información pública. No podría decirle qué pasa con el informe original. Entendemos que como no está en la Presidencia de la República el original del informe, debe estar de pronto en la Fiscalía o las autoridades encargadas de investigar”, aseguró Diego Guarderas, subsecretario jurídico de la Presidencia.

 

 

El juez abrió una etapa de prueba mientras el Ministerio de Justicia entrega lo ordenado. Luego decidirá si concede o no la acción de acceso a la información pública que fue planteada por la Defensoría del Pueblo.

 

 

 

 

En su momento, el perito argentino Roberto Meza, quien fue contratado por el comité para analizar el caso, aclaró que el documento que mostraron las autoridades no es el que entregó, pues no tiene su firma y además reveló que no accedió a pedidos de eliminar parte del informe.