Asamblea aprueba Ley de paraísos fiscales con 4 de 7 objeciones presidenciales

El pleno de la Asamblea Nacional acogió el informe presentado por la Comisión de Justicia, y aprobó la tarde de este 24 de agosto de 2017 la objeción presidencial a las disposiciones reformatorias y la ratificación del texto original de tres de los artículos del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero.

Asamblea se allana a la objeción presidencial a las disposiciones reformatorias primera, segunda, cuarta y sexta #LeyParaísosFiscales. pic.twitter.com/CzOf8Mricq

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) 24 de agosto de 2017

 

Con 102 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea se ratifica en el texto original de los artículos 2, 8, 9. #LeyParaísosFiscales pic.twitter.com/HZjLRHJ8Ya

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) 24 de agosto de 2017

Se trata de la disposiciones reformatorias primera, segunda, cuarta y sexta; y de los artículos 2, 8, 9 de la normativa, tal como lo aprobó la mesa legislativa especializada, el 16 de agosto de 2017.

En cuanto al artículo 2, el presidente de la República, Lenín Moreno, planteó que tal disposición no se aplique a "funcionarios del servicio exterior cuya misión se desarrolle en un país o jurisdicción considerados como paraíso fiscal". 

El texto original del artículo 8 dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) sean quienes procedan a la destitución de las autoridades ejecutivas de los mismos. Para otros funcionarios esa responsabilidad la ejercerá la Contraloría General del Estado. Según argumentó la Comisión en su informe, el aporte del Ejecutivo dejaba suelto el procedimiento a seguir en el caso de los gobiernos locales.

Otra de las observaciones que no acogió la mesa parlamentaria es la relacionada a la destitución de autoridades. El proyecto propone que, en el caso del presidente y vicepresidente de la República, así como de asambleístas, sea el legislativo el que proceda a la destitución, si tuvieran bienes en paraísos fiscales y no los hayan repatriado. El veto establece que sea la Corte Constitucional, lo que contradice el texto constitucional.

El Ejecutivo remitió sus objeciones parciales al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, el 27 de julio de 2017, pero el 7 de agosto se conoció su contenido.

La Asamblea Nacional aprobó el 6 de julio de 2017, este proyecto de ley, con 107 votos a favor y 18 en contra.