La justicia frena el cierre de la misión anticorrupción de la ONU en Guatemala

La máxima instancia judicial de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC), suspendió este miércoles la orden del presidente Jimmy Morales de cerrar unilateralmente la misión anticorrupción de la ONU, que lo investiga por financiamiento ilegal electoral en 2015.

 

Desde el lunes, cuando el mandatario dio a conocer su decisión de terminar anticipadamente la misión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, se desató una guerra judicial y crecieron las tensiones políticas en el país.

 

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Y este miércoles la CC dejó sin efecto la decisión presidencial al otorgar un amparo provisional ante ocho acciones promovidas por personas e instituciones para revertir el cierre de la Cicig, según la resolución divulgada a la prensa.

 

Al aceptar los recursos legales, quedó "en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala, de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala" relativo al establecimiento de la Cicig, indica el fallo.

 

El mandato de la misión debía extenderse hasta el 3 de setiembre de este año.

 

La CC exhortó a las autoridades a instruir a los funcionarios de las dependencias a su cargo a que faciliten el funcionamiento de la misión internacional.

 

"La notificación que se efectúe a los funcionarios públicos los obliga al cumplimiento de lo decidido en el fallo", sentenció la CC.

 

La decisión judicial fue adoptada después de 9 horas de deliberaciones por los votos a favor de cuatro de los cinco magistrados de la CC, pues la presidenta del organismo, Dina Ochoa, presentó un voto disidente.

 

Entre las organizaciones que presentaron las acciones legales que dieron pie al amparo figura la Procuraduría de Derechos Humanos y Acción Ciudadana, el capítulo local de Transparencia Internacional.

 

 - Convulsión -

 

La decisión de Morales de poner fin al mandato de la Cicig ocurre luego de que el fin de semana el gobierno intentara impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Cicig, y quien fue finalmente admitido amparado por una orden de la justicia.

 

Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios alzaron la voz y pidieron al mandatario revertir la medida.

 

En tanto, el gobernante recibió el apoyo de la poderosa cúpula empresarial, sectores conservadores y políticos de derecha.

 

Los juristas también están divididos sobre la posible ilegalidad de la decisión de acabar con el acuerdo Cicig: unos la consideran ajustada a derecho, otros sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la CC, que avaló la presencia de la Cicig en el país.

 

El jefe de la ONU, Antonio Guterres, dijo el lunes en una primera reacción al anuncio que la Cicig continuaría su mandato hasta el 3 de septiembre. Sin embargo, la misión activó el martes un plan de contingencia y pidió al personal internacional salir del país "hasta nuevo aviso" como medida de seguridad.

 

El portavoz del Ejército, Óscar Pérez, indicó que a partir de este miércoles los agentes privados de seguridad que resguardaban al personal de la Comisión deben entregar las licencias de tenencia y portación de armas de fuego.

 

Asimismo, varias entidades sociales organizan protestas en la capital y el interior del país contra el cierre de la Cicig.

 

El martes, Estados Unidos pidió a los guatemaltecos evitar la violencia ante la crisis política desatada.

 

"Instamos a todos (los guatemaltecos) a preservar la paz y evitar la violencia" por la situación que atraviesa la nación, señaló en un comunicado la embajada del país norteamericano antes de remarcar su preocupación por "el futuro de los esfuerzos anticorrupción en Guatemala".

 

Morales ha mostrado hostilidad hacia la Cicig desde principios de su mandato, en 2016, cuando el organismo abrió una investigación contra su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero. 

 

La situación se agravó en 2017 cuando el presidente fue acusado de corrupción por el manejo de las finanzas de su partido durante la campaña presidencial que ganó en 2015.