La Fiscalía procesa a un policía en servicio activo por presunta extorsión a una mujer, en Orellana

La Fiscalía General procesó a un policía en activo y a otro ciudadano, ambos de Orellana, por un presunto delito de extorsión contra una mujer a la que exigían USD 12.000 a cambio de seguir con vida, según informó el Ministerio Público en un comunicado.

La mujer recibía las amenazas en whatsApp por parte de un presunto integrante de una banda criminal. El civil detenido, Henry E., señaló que fue contratado por un agente de la Policía Nacional, Víctor A., para realizar estas prácticas.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía explicó que, después de entregar una parte del dinero, la víctima acudió a la policía en busca de ayuda.

Fue entonces cuando se topó con Víctor A., el agente arrestado, quien le indicó que, en casos como ese, lo mejor era ceder a las peticiones de los delincuentes sin denunciar a las autoridades porque podía ser causa de asesinato.

Entonces, la mujer contactó a los criminales y les indicó que solo había podido reunir USD 1.500 dólares, pero quedaron en que recogerían el dinero en un taxi en las inmediaciones de su negocio.

Sin embargo, la Policía Nacional ya estaba detrás de la pista de estos delincuentes y observaron como el vehículo llegaba hasta el establecimiento para recoger el dinero.

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El juez ordenó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas

Los agentes detuvieron al conductor del taxi, el ciudadano Henry E., quien declaró que había sido contratado por el policía, quien también fue arrestado.

A pesar de que la Fiscalía General pidió prisión preventiva para ambos, el juez ordenó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas a los juzgados.

Las extorsiones y los secuestros forman parte de los delitos que han fomentado el incremento de violencia e inseguridad en el país andino.

Eso, unido a la incesante actividad del crimen organizado, llevaron a que, en enero de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declarase al país bajo "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas.

Además, emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas por las estructuras criminales.

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