El Gobierno contratará a 10 000 personas, en su mayoría policías y militares retirados, para reforzar el control carcelario

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció una reestructuración profunda del sistema penitenciario ecuatoriano, que incluye la contratación de 10 000 personas, en su mayoría policías y militares en servicio pasivo. El objetivo es fortalecer al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), entidad que recientemente pasó a ser parte del Ministerio del Interior. Así lo dio a conocer este lunes 29 de julio en una entrevista con Ecuavisa.

Actualmente, la seguridad en las 35 cárceles del país está fragmentada entre tres actores: policías en los exteriores, militares en el interior y guías penitenciarios dentro de los pabellones. Estos últimos son civiles sin acceso a armamento letal.

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Reimberg aseguró que este modelo será reemplazado por uno en el que una sola institución —Policía Nacional o Fuerzas Armadas— se haga cargo integralmente de ciertos centros, siempre en coordinación con el SNAI.

"Queremos dividir que ciertas cárceles estén en manos de las Fuerzas Armadas y otras en manos de la Policía Nacional", explicó el ministro. En cada caso, la institución asignada se hará cargo del control perimetral, los filtros de ingreso y la seguridad interna. Se espera que en uno o dos meses se defina qué centros quedarán bajo responsabilidad de cada fuerza.

Reimberg reconoció que el SNAI "no tiene la capacidad operativa para asumir por sí solo el control del sistema penitenciario", por lo que se buscará vincular a militares y policías en servicio pasivo. "Yo calculo que no menos de 10 000 personas se incorporarían”, anticipó.

Además, el Gobierno plantea garantizar que estos exuniformados conserven el 100 % de su pensión, además del salario que perciban por su nuevo trabajo, lo que requerirá ajustes normativos.

Con estas contrataciones, el Gobierno espera también liberar a policías y militares en servicio activo que actualmente custodian las cárceles, para que retornen a tareas de seguridad ciudadana en las calles. Las acciones se concentrarán en los centros penitenciarios más conflictivos, especialmente en Guayaquil, donde se concentran mafias carcelarias y estructuras del crimen organizado.

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El ministro concluyó que esta transformación es urgente y necesaria para recuperar el control del sistema penitenciario, que ha sido epicentro de masacres, fugas y violencia en los últimos años. "Esta es una solución estructural, no solo operativa", sostuvo.