Las autoridades de justicia están prorrogadas en sus cargos y se sospecha injerencia política para mantenerlas
La justicia ha pasado por siete declaratorias de emergencia , pero los problemas siguen siendo los mismos: falta de independencia, injerencia política , corrupción, infraestructura en mal estado, retraso tecnológico, falta de jueces, de fiscales y de presupuesto.
La crisis se ha acentuado en los últimos años por el crimen organizado y el narcotráfico que han permeado los juzgados, las cortes, la Fiscalía, el Ejecutivo, la fuerza pública y cuanta institución han necesitado los grupos delincuenciales.
Lejos de unirse para enfrentar el problema, las autoridades se echan la culpa o responsabilizan a sus antecesores.
Autoridades deslegitimadas
En medio de esas tensiones ha habido iniciativas de diálogo, reuniones y mesas de seguridad. El impacto ha sido coyuntural mientras el crimen sigue ganando terreno.
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Las autoridades que deberían tomar acciones están deslegitimadas. El Consejo de la Judicatura está incompleto y prorrogado, bajo la sospecha de que su permanencia se ha prolongado a propósito. Lo mismo ocurre con los titulares de la Corte Nacional y la Fiscalía General, todos a la espera de concursos demorados y fallidos que están en manos del Consejo de Participación Ciudadana.
Pese a todo, es inminente la octava declaratoria de emergencia en la justicia propuesta por el presidente Daniel Noboa y habilitada por la Asamblea con la reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública. La norma da superpoderes a la Judicatura para crear un régimen especial que le permitirá poner y quitar jueces. Sectores críticos consideran que será una nueva metida de mano a la justicia.
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Las cifras también pintan la crisis. El sistema judicial, en 2025, tiene un déficit presupuestario de USD 205 millones, faltan 753 jueces y 600 fiscales y el 38 % de los juzgados están en estado crítico, sin personal, con sobrecarga de casos y riesgo por la presencia del crimen organizado.
Solo en el último año, se han presentado más de mil denuncias por corrupción en contra de funcionarios judiciales.