A la vicepresidenta Verónica Abad, un juez del TCE le suspendió sus derechos políticos por dos años
La denuncia de la canciller Gabriela Sommerfeld, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en contra de la vicepresidenta Verónica Abad por violencia política de género fue aceptada, en primera instancia, por el juez electoral Guillermo Ortega, este jueves 27 de febrero de 2025.
En su resolución, Ortega le suspendió sus derechos de participación por dos años y la segunda mandataria debe pagar una multa de USD 14 100, equivalente a 30 salarios básicos unificados (SBU). Además, tendrá que pedir disculpas públicas a Sommerfeld.
En la página 40 del documento se indica: "El valor de la sanción pecuniaria será depositado en el plazo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha en la que cause ejecutoria la presente sentencia, en la cuenta “multas” del Consejo Nacional Electoral".
Enfatiza que Abad incurrió en la infracción tipificada en el numeral 14 del artículo 279, en concordancia con los numerales 3, 7 y 10 del artículo 280 de la Ley Orgánica Electoral y el Código de la Democracia. Como medida de reparación integral, se dispuso a Abad que, dentro del plazo de 30 días, contados desde el día siguiente de haberse producido la ejecutoria de la sentencia, ofrezca disculpas públicas a la canciller. Esto con una publicación, a su costa, en un diario de amplia circulación, a escala nacional, de la parte resolutiva de la sentencia.
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El documento enfatiza que la capacidad económica y la condición jerárquica de Abad, que ostenta uno de los cargos más elevados de la Función Ejecutiva, permite la imposición de una multa acorde con la gravedad de los hechos (violencia política de género).
Sommerfeld presentó una denuncia en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por el presunto cometimiento de una infracción electoral muy grave de violencia política de género.
El escrito fue ingresado el 14 de octubre de 2024. Sommerfeld se defendió de las acusaciones que la segunda mandataria realizó en diferentes entrevistas, indicando que la ministra de Relaciones Exteriores ejecutó el Decreto Ejecutivo que la designó como embajadora cuando había un distanciamiento con el presidente Noboa.
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