El Proyecto de Ley de Telecomunicaciones fue archivado en la Asamblea Nacional

El texto no incorpora los cambios establecidos en siete reformas anteriores —la más reciente a la Ley de Telecomunicaciones—, lo cual puede generar un desfase normativo
El edificio de la Asamblea Nacional, en Quito.()
27 ago 2025 , 18:22
Diego Bravo

El Pleno de la Asamblea Nacional archivó el proyecto de Ley Orgánica para la Provisión de Servicios de Telecomunicaciones. Se lo hizo de forma unánime, con 140 votos afirmativos, este miércoles 27 de agosto de 2025. La razón: el texto no incorpora los cambios establecidos en siete reformas anteriores —la más reciente a la Ley de Telecomunicaciones—, lo cual puede generar un desfase normativo que limita su viabilidad en el contexto actual.

Con base en el informe no vinculante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, se argumentó la existencia de posibles vicios de inconstitucionalidad, deficiencias en la técnica legislativa y la reintroducción de disposiciones derogadas. El proyecto presenta problemas de oportunidad, constitucionalidad y técnica legislativa que tornan inviable su aprobación.

Cristian Benavides, vicepresidente de la Comisión y ponente del informe, recordó que el proyecto fue presentado el 19 de noviembre de 2019 e incluía iniciativas interesantes. Sin embargo, la pandemia obligó a adaptarse a un mundo digital y a reconocer la importancia de las telecomunicaciones, modificando el contexto y haciendo inviable la propuesta.

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Coincidencias para archivar el proyecto

Durante el análisis se recogieron los aportes técnicos de los directores ejecutivos de Arcotel, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), quienes coincidieron en la necesidad de archivar el proyecto.

El legislador Samuel Célleri advirtió que la iniciativa es técnicamente inviable y vulnera derechos constitucionales fundamentales. Lejos de atender las urgencias en telecomunicaciones -acotó- las agrava. Prohíbe la transferencia de títulos habilitantes, desincentiva la inversión privada, frena la expansión de redes hacia sectores no rentables —como los rurales—, impone trámites burocráticos adicionales y fija plazos irreales de 30 días para que los GAD autoricen infraestructura, lo que incrementa las trabas y el abandono.

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