La Ley de Solidaridad Nacional ya enfrenta una reforma y una demanda de inconstitucionalidad

Un ciudadano presentó una demanda ante la Corte Constitucional porque considera que la Ley de Solidaridad Nacional viola la Constitución y tratados internacionales.
Imagen de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.()
18 jun 2025 , 15:10
Televistazo

La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que fue aprobada hace 11 días en la Asamblea, ya enfrenta una demanda de inconstitucionalidad y su primera reforma.

La Corte Constitucional inició el trámite de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Gabriel Salvador Lema. El recurso será abordado por la jueza Teresa Nuques. El demandante argumenta que la ley viola la Constitución y tratados internacionales.

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En su escrito enumera siete problemas que, a su criterio, contiene la ley como artículos que están por sobre la Constitución y no respetan el orden jerárquico de las normas y disposiciones que otorgan aribuciones extraordinarias al Presidente de la República.

También alega que hay transgresiones al Tratado de Ginebra sobre conflictos armados, beneficios tributarios a ciertos sectores, un indulto presidencial que no cumple los requisitos legales y que esa ley se aprobó aunque no cumple el principio constitucional de unidad de materia.

Gabriel Salvador pide que la Corte la expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano. La jueza Nuques deberá analizar ese pedido y emitir un informe que será conocido por el pleno de la Corte.

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A la par, en la Asamblea, la Ley de Solidaridad enfrenta su primera reforma para corrergir un error cometido durante su aprobación. Se trata del indulto presidencial diferido.

En el proyecto original, el presidente planteó que se le permita otorgar indultos anticipados a policías y militares durante el conflicto armado interno. La Asamblea cambió el texto para que el presidente aplique esa facultad al final de los procesos penales, es decir, aprobó un indulto diferido pero no cambió el nombre y lo mantuvo como anticipado.

La reforma plantea cambiar el nombre en la ley para evitar conflictos en su aplicación.

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