Un proyecto de ley propone la creación de una empresa pública a cargo de las áreas protegidas de Ecuador

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea nutrió con tres artículos y cuatro disposiciones transitorias en el proyecto de Ley Urgente sobre Áreas Protegidas que pasa a primer debate.

En un inicio, el proyecto de Ley establecía contratos para la administración directa de empresas privadas nacionales y extranjeras de esas áreas, ahora será la Empresa Pública Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP EP) la que se encargue de esas zonas ambientales y turísticas.

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Esa empresa podrá asociarse, concesionar o firmar convenios y contratos con firmas privadas, para proyectos de conservación, monitoreo de la biodiversidad, alojamiento, construcción, mejoramiento y operación de infraestructura.

La Empresa Pública de Áreas Protegidas podrá autorizar la continuidad de los proyectos, incluso si hay oposición de las comunidades indígenas y colectivos que vivan en esas zonas.

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas EP podrá hacer un fideicomiso para gestionar donaciones, dinero de préstamos y rendimientos de proyectos.

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Sobre seguridad, en el primer texto, se decía que la Polícia Nacional o las Fuerzas Armadas podrían dar seguridad en el perímetro del área protegida bajo un modelo de gestión y compensación, sin determinar quién iba a correr con esos gastos.

ahora, establece que la empresa podrá pedir seguridad de policías y militares en una parte o en toda el área protegida donde existan grupos criminales. Las fuerzas del orden deben crear un plan integral de seguridad en las zonas naturales y protocolos específicos para cada amenaza como minería ilegal, caza y tala de árboles.

El presidente de la República será el encargado de crear la Empresa Pública de Áreas Protegidas hasta un año después de la aprobación de la ley: mientras eso se concreta el Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica seguirá a cargo de esos espacios.