Los funcionarios públicos despedidos denuncian que no hubo criterios técnicos para las desvinculaciones
Los 5 000 funcionarios del gobierno empezaron a ser notificados con sus despidos, algunos denuncian que no hubo una evaluación y que la separación fue discrecional.
Según la vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, las separaciones son para mejorar la eficiencia gubernamental. Dijo que entre los despedidos están burócratas que interrumpen las funciones públicas y que se han aprovechado de ellas para su beneficio.
Paul Terán trabajó siete años en Flopec con nombramiento definitivo. Fue despedido y pone en duda los argumentos del gobierno. El documento de notificación no explica las razones de la desvinculación, solo menciona que es una decisión del gerente de la empresa con la autorización del Ministerio de Finanzas.
“No se evaluó nada de lo que dijo la vocera del presidente, no se entiende como fue la selección de personal para la desvinculación, cuando hay gente a dentro que no tiene la experiencia y no cumple los perfiles”.
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En Flopec fueron despedidos 100 funcionarios, el 37 % de la nómina administrativa. Entre ellos analizan la situación y no descartan iniciar acciones legales.
En la matriz del IESS en Quito la percepción es la misma, quienes fueron despedidos, muchos con años en funciones, denuncian que el personal nuevo que ingreso con contratos ocasionales no fue desvinculado y tampoco personal directivo.
“En los tres años mis evaluaciones han sido superiores al 95 %, nunca he recibido ninguna amonestación, ni una amonestación verbal, no entiendo en mi caso como fui evaluado”.
Los despidos tomaron por sorpresa a los gremios de funcionarios públicos que recaban información para conocer el impacto en cada institución.
No se oponen a desvinculaciones que respondan a procesos de depuración sobre evaluaciones a los funcionarios, pero están convencidos de que en este caso ese no fue el criterio. Advierten que los despidos seguirán. Miguel García, expresidente de la Federación Empleados Públicos, dijo:
“Que en máximo tres meses tienen que producirse las supresiones de partidas y dejar insubsistente a los contratos de servicios ocasionales y nombramientos ocasionales”.
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Alertó que la ley de Integridad Pública eliminó el techo del 20 % de contratos ocasionales.