Los diputados suplentes que fueron cesados por el correísmo, en 2007, buscan que se haga justicia
Uno de los casos más recordados en la historia de la política de Ecuador es el de los Diputados de los Manteles. ¿Cómo ocurrió? El 7 de marzo de 2007, Jorge Acosta, principal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), destituyó a 53 legisladores porque un día antes lo sacaron de su cargo a él por haber aprobado la consulta popular del entonces presidente Rafael Correa Delgado, quien ya llevaba dos meses en el sillón de Carondelet, y buscaba instalar la Asamblea Nacional Constituyente.
Esos diputados fueron reemplazados por sus suplentes que lograron posesionarse brevemente en los cargos y apenas duraron un mes. El 6 de marzo de 2020, los 53 fueron recibidos en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidieron justicia. En su demanda contra el Estado ecuatoriano, argumentaron que se violaron sus derechos políticos y se irrespetó el debido proceso.
Ecuavisa.com entrevistó a Jorge Sosa, abogado de 11 exparlamentarios suplentes que estuvieron solo un mes en sus cargos. Dijo que la Constituyente de aquel entonces actuó ilícitamente porque las facultades concedidas por voluntad popular a esa Asamblea fueron solo para la redacción de una nueva Constitución, pero en ningún momento el estatuto por el que votó la ciudadanía le dio funciones para cesar a otros poderes del Estado, incluyendo a la Función Legislativa.
Añadió que el artículo 7 del mandato número 1 de la Asamblea Constituyente fue el que cesó a la Función Legislativa. Cesó a los que estaban en funciones sin norma que les permitiera presentar también alguna acción constitucional porque estos mandatos tenían un blindaje; es decir, no permitían que se pudiesen presentar recursos de amparo contra estas decisiones.
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Ahora, los 11 exdiputados están la expectativa de que la CIDH adopte el informe preliminar de fondo y que se reconozca una situación que en ese momento causó mucho malestar. En la demanda se alega que fueron víctimas de ataque mediático por parte del correísmo al haberlos tachado de personas corruptas y decir que no representaban a la voluntad popular.
¿Se busca una indemnización? Sosa dijo que se ha planteado una proyección que tiene que ver con lo que se dejó de ganar. Fue el 2007, pero les correspondía haber ejercido el cargo hasta el 2011, por ahí en las reparaciones económicas se está solicitando lo que no se pagó hasta el 2011 que duró el cargo de los diputados.
También se ve el daño moral que significó el impacto mediático por la decisión de eliminar a la Función Legislativa y cesarlos de sus funciones. También otros rubros como el impacto en la calidad de vida y lo que significó en sus carreras políticas y también el daño emergente que se relaciona con los recursos que ellos gastaron para pagar la demanda internacional y la acción de protección.
Esperan que, en este año, la CIDH notifique al estado ecuatoriano para que cumpla las reparaciones de forma integral. Rodrigo Bautista es el procurador de los exdiputados que fueron cesados. “Nos mandaron a la casa sin ninguna liquidación ni nada hasta cuando se aprobó el texto redactado, en Montecristi, por los asambleístas que fueron elegidos”.
Cuenta que han acudido a varias entidades y no los han escuchado. Por eso, ahora espera que en la CIDH se haga justicia. “Hemos hecho las peticiones respectivas, seguimientos y nuestro juicio fue admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presentamos la argumentación para que nuestro informe sea sometido a análisis de fondo”.
Espera que en la CIDH les concedan un espacio, en la próxima reunión de julio, y esperan una resolución definitiva. “Nos llamaron los diputados de los manteles, pero por responder a los intereses del señor Correa, pero él nunca reconoció nuestro esfuerzo”. Destacó que el informe de los exparlamentarios ha sido calificado como admisible.
Con base en la Constitución de 1998 que en ese tiempo estaba vigente (año 2007), Bautista dijo que el Gobierno no podía sacarlos. “De un plumazo nos dejaron fuera de cancha y sin ningún reconocimiento de liquidación”.
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