La Corte Constitucional retoma el caso Mahuad tras más de dos décadas de disputa judicial

El 8 de marzo de 1999, el entonces presidente de la República, Jamil Mahuad, firmaba el decreto 685 con el que se declaraba el congelamiento de los depósitos bancarios en medio de una crisis financiera inédita en el país.

Paralelamente, se había decretado un feriado bancario de 24 horas que se extendió por una semana. Nada pudo contener la caída de la banca, que cerraba sus puertas en medio de protestas de los cuenta ahorristas, que veían limitada la capacidad de disponer de su dinero, que cada día valía menos.

Estas acciones fueron el antecedente de la adopción de la dolarización en el Ecuador, el 9 de enero del 2000. Doce días después, Mahuad sería derrocado.

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Terminaba su gestión en el poder, pero empezaba una larga disputa judicial que hace cuatro años llegó a la Corte Constitucional: la defensa del expresidente Mahuad presentó una acción extraordinaria de protección y ahora ese alto tribunal finalmente avocó conocimiento de la misma.

Y cuando decimos larga disputa es porque en julio del 2000 inició el proceso judicial contra el expresidente, acusándolo de peculado. En junio de 2006 se dictó el sobreseimiento, pero un año después la Corte Suprema de Justicia reabrió el sumario en su contra.

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Siete años después, en 2014, Jamil Mahuad fue sentenciado a 12 años de prisión. En mayo de 2017 se ratificó la sentencia, pero se la ajustó porque la justicia se dio cuenta de que la ley solo contemplaba un máximo de ocho años para el delito por el que se lo consideró culpable.

En octubre de 2020 fue rechazado el recurso de casación que presentó la defensa del expresidente y en abril de 2021 se presentó la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Finalmente, la Corte Constitucional, el pasado 27 de noviembre, empezó a actuar sobre este requerimiento.

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Hay que tomar en cuenta que la acción extraordinaria de protección no determina si hubo una mala aplicación de la ley o una deficiente apreciación de las pruebas. Lo que hace la Corte Constitucional en esta instancia es determinar si la sentencia vulneró el debido proceso y otros derechos constitucionales.

Según el expresidente, esta es una oportunidad más para que el país haga justicia en su caso. Sostiene que se lo ha condenado por ejercer su facultad de firmar decretos y que no existe nexo causal entre el congelamiento de depósitos y el peculado por el que fue condenado.

La defensa de Mahuad ha recusado al presidente de la Corte Constitucional, Jhoel Escudero, por expresiones previas contra el decreto y la dolarización. Y aunque tiene reparos contra los jueces Richard Ortiz, que es el ponente, y Jorge Benavides, por razones similares, espera que haya una resolución en derecho. Y eso para Mahuad implica que se reconozca su inocencia.