Concesión del Campo Sancha: Fiscalización de la Asamblea volverá a convocar a la ministra de Energía, Inés Manzano

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recibió al procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, quien dialogó sobre el proceso de concesión del campo Sacha a un consorcio del cual participa la empresa Sinopec.

Explicó que no tiene facultad para ejercer el control previo de legalidad sobre los contratos que negocian las instituciones estatales. Con la vigencia de la Ley de Contratación Pública, se eliminó el control previo de legalidad como parte de las funciones de la Procuraduría. Solo puede pronunciarse sobre una posible cláusula respecto de arbitraje internacional o el sometimiento a una ley extranjera, una vez se ha negociado el contrato.

No ha recibido ninguna consulta en torno a la cláusula arbitral en un contrato sobre la concesión de un campo petrolero en particular.

Los representantes del Frente de Defensa Petrolero del Ecuador reiteraron que la concesión del campo Sacha, en los términos que se han dado a conocer por algunos medios, causaría una afectación a los intereses del país, por más de 1 600 millones de dólares. Anunciaron que solicitarán un acto urgente a través de la Fiscalía, para evitar que se pueda consumar esta concesión.

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Marcela Reinoso, exgerente de Petroecuador, dijo que llama la atención que se haya omitido la certificación de reservas del campo Sacha, cuya valoración sería de USD 14 900 millones y lo que se espera recibir por la concesión alcanzaría 6 000 millones de dólares. Asimismo, indicó que no se ha demostrado la falta de capacidad técnica u operativa de Petroecuador, que sería la justificación para delegar su explotación a una empresa estatal de otro país.

Auri Cotacahi, de la Plataforma Va Por ti Ecuador, que representa a nueve organizaciones sociales, apuntó que el Acuerdo Ministerial suscrito por la ministra Inés Manzano, en noviembre de 2024, no contó con el informe técnico de Petroecuador, para justificar la delegación o concesión del campo Sacha.

Las organizaciones solicitaron que la comisión revise la documentación que ellos recabaron sobre esta temática y se pida información oficial a las autoridades para que respondan en torno a las irregularidades que fueron detectadas en la concesión.

Ante la ausencia de Ia ministra Manzano, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, dispuso se haga una última convocatoria. esto, con base en lo que señala el inciso quinto, del artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el cual determina como causal de juicio político la negativa de un funcionario de comparecer ante una de las comisiones especializadas.

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