CNE bajo la lupa por débil control del gasto partidario

La entrega de dinero público a las organizaciones políticas en Ecuador sigue siendo un tema que despierta preocupación, sobre todo por la forma en que se justifican los gastos. Observatorios electorales y analistas coinciden en que mejorar los controles es clave para garantizar transparencia en el sistema y evitar que los fondos terminen sin un adecuado registro.

La norma es clara: quien recibe dinero debe rendir cuentas. Sin embargo, en la práctica, no todos cumplen con esta obligación. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, advierte que la rendición de cuentas en este ámbito es incompleta. "En Ecuador se sabe cuánto dinero se destina a los partidos y movimientos políticos, pero en buena medida se desconoce cómo se utiliza ese dinero", señaló en entrevista con Ecuavisa.

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Lo que sí se conoce es el monto acumulado desde 2008, cuando se aprobó el financiamiento estatal: 263 millones de dólares. La cifra fue expuesta recientemente en la Asamblea Nacional por el legislador Esteban Torres (ADN), durante el debate sobre si debía eliminarse o no esta contribución. Finalmente, el Pleno votó a favor de su eliminación, aunque la discusión dejó en el aire otra interrogante: ¿qué hicieron los partidos y movimientos con los recursos que ya recibieron?

La Contraloría General del Estado (CGE) también ha cuestionado la falta de control. En varios informes ha señalado deficiencias en los procedimientos y metodologías del Consejo Nacional Electoral (CNE) para verificar el uso, el registro y el soporte documental de los fondos públicos.

Para un ciudadano común, acceder a información detallada sobre los gastos partidarios es casi imposible. Lo que se publica son reportes generales: por ejemplo, en 2023 el Partido Social Cristiano (PSC) reportó USD 463 000, el movimiento CREO USD 528 000 y la Revolución Ciudadana, en 2021, apenas USD 20 234. Sin embargo, los comprobantes y sustentos no se hacen públicos.

Alarcón subraya que la información permanece en los archivos del CNE y no necesariamente se comparte de forma abierta. "Hoy sigue sin tenerse la liquidación de los gastos de campaña de los dos finalistas de la última vuelta presidencial", recordó. Esa opacidad, sostiene, limita el derecho ciudadano a conocer con claridad el uso de recursos públicos.

Desde otra perspectiva, el analista Fausto Camacho, del Observatorio Ciudadano Electoral, alerta que eliminar el financiamiento estatal no resuelve el problema. Por el contrario, podría abrir la puerta a que ingrese dinero ilícito en la política. "Habrá mayores posibilidades de que ingrese dinero mal habido en la campaña electoral, que ya en la actualidad estoy seguro que existe", afirmó.

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Ambos expertos coinciden en que el Estado no debería financiar por completo la política, pero advierten que, sin un sistema de control más robusto, el remedio podría ser peor que la enfermedad. La eliminación del financiamiento estatal fue aprobada en la Asamblea, pero la reforma solo entrará en vigencia si se ratifica en una consulta popular, lo que prolonga el debate sobre cómo garantizar que los partidos rindan cuentas claras de los recursos que manejan.