Miembros del Parlamento Andino a veces ni siquiera sesionan
Para la mayoría de votantes no es prioridad el Parlamento Andino.
Para la mayoría de votantes no es prioridad el Parlamento Andino y así lo reflejan las cifras de la elección. A esto se suma un informe de Contraloría que habla de que hay meses en que los miembros de ese organismo ni siquiera sesionan.
En las alecciones pasadas fueron electos cinco representantes en el Parlamento Andino, pero la elección fue la que más rechazo tuvo entre los votantes ya que el 25% anuló la papeleta o votó en blanco.
El rechazo ciudadano parece estar justificado también en un informe de la Contraloría que establece que los parlamentario andinos ni siquiera cumplen el mínimo de reuniones que establece su reglamento.
El informe detalla que meses como mayo o julio del 2019 no se reunieron una sola vez y lo mismo pasó en abril, mayo y julio del año pasado. Solo en tres ocasiones entre 2019 y 2020 cumplieron con sus tres reuniones mensuales. Y a las pocas sesiones que se convoca, algunos parlamentarios faltan sin justificación.
El informe detalla que en el último período, Pamela Aguirre se ausentó injustificadamente al 15% de las sesiones, y también faltó a tres de las 10 sesiones convocadas en Bogotá.
Ecuavisa intentó conseguir su versión pero fue imposible contactarla, sin embargo, a la Contraloría explicó que "el marco jurídico del Parlamento Andino no obliga a justificar inasistencias a sesiones plenarias".
Pero el de ella no es el único caso. Entre el 2014 y 2016, Roberto Gómez de CREO faltó sin justificación al 46% de las sesiones.
Para el analista político, Santiago Basabe, una de las razones para que esto suceda es que las organizaciones políticas no ven al Parlamento Andino con la importancia que debería tener.
Además, el informe de la Contraloría establece que tres parlamentarios andinos recibieron sus sueldos mientras estaban en camapaña electoral, lo cual va contra el Código de la Democracia que exige que para ello debían pedir licencia sin sueldo.
Para el funcionamiento de este organismo en el Ecuador, el Gobierno asigna dos millones de dólares anuales.