Sentenciados del pueblo Saraguro se reunieron con coordinador de la ONU

También realizaron un plantón en el Consejo de la Judicatura en donde fueron recibidos. Foto: Twitter Consejo de la Judicatura
06 jun 2016 , 05:52
Redacción

También realizaron un plantón en el Consejo de la Judicatura en donde fueron recibidos.

Representantes de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie) y las dos personas del pueblo Saraguro que fueron sentenciadas tras su participación en las movilizaciones de agosto pasado, se reunieron con el coordinador humanitario de la Organización de Naciones Unidas en Ecuador, Diego Zorrilla.

 

Además acudieron al Consejo de la Judicatura, donde se advirtió la posibilidad de la desobendiencia civil a este tipo de resoluciones judiciales.

 

La reunión con el representante de la ONU se realizó este lunes y la intención de las dos personas del pueblo Saraguro -sentenciadas a cuatro años de prisión en Loja-  era que se conozca su caso pues consideran injusta a la decisión judicial.

 

Luisa Lozano, sentenciada a cuatro años de prisión, dice que se explicó su situación y la del otro sentenciado, Amable Angamarca.

  

Mediante un comunicado respecto de la reunión, la oficina del coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas recordó que la cita fue solicitada por la Conaie e Inredh, y en ella se le entregó información sobre los proceso judiciales contra las dos personas del pueblo Saraguro. Esta información será procesada por Zorilla y " ...la procesará con las autoridades nacionales competentes así como con las instancias de naciones unidas pertinentes."  

 

Luego, este grupo de abogados y representantes de la Conaie se sumó a otras organizaciones sociales que acudieron al Consejo de la Judicatura para realizar un plantón en rechazo a la sentencia de este caso. Allí  fueron recibidos por el director general del Consejo, Tomás Alvear en donde le expusieron sus temores ante lo que llaman criminalización de la protesta social.

Las dos personas del pueblo Saraguro fueron acusadas de interrumpir un servicio público. El Código Integral Penal señala que para este delito la pena es de tres años. Ellos fueron sentenciados a cuatro. Sus abogados anticiparon que pedirán la nulidad de la pena. 

 

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