Proponen crear Unidad de Investigación Delincuencial
Los cuerpos normativos han sido trabajados con varias instituciones del Estado.
Este 20 de septiembre de 2018, el Fiscal General del Estado (E), Paúl Pérez, entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, el , para su revisión, análisis y posterior aprobación en el Pleno.
En los casos de desaparición, el proyecto tiene como propósito establecer las actuaciones de las instituciones estatales vinculadas a la protección de los derechos de las personas desaparecidas, ausentes o extraviadas. Además, contempla procedimientos de búsqueda por desaparición de niños, niñas y adolescentes, en casos de desaparición forzada y en desastres naturales.
Un Registro Nacional de Personas Desaparecidas bajo el control y la administración del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es otro de los planteamientos. La Policía Nacional, a través de sus unidades especializadas, entregaría a esta entidad la información respectiva.
Por otro lado, la Ley contra la Delincuencia Organizada busca establecer reglas de investigación, persecusión, sanción y ejecución de penas, por hechos cometidos por grupos delictivos organizados nacionales o transnacionales, que incurran en delitos como el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta y gran escala, lavado de activos, delincuencia organizada, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, tráfico de armas, municiones y explosivos, sicariato, secuestro y secuestro extorsivo. También, propone "la creación de jueces nacionales para este tipo de criminalidad", dijo Pérez.
Los cuerpos normativos han sido trabajados con varias instituciones del Estado y delegados técnicos, entre ellos la Corte Nacional de Justicia, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T), y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Según la Fiscalía General del Estado, hasta el 30 de junio de 2018, existen 1.495 casos en investigación de personas desaparecidas a nivel nacional (44% son de sexo femenino y 56% masculino). En esta cifra se consideran los registros existentes desde 1970 al primer semestre de 2018. De ellos, el 56% corresponde a personas adultas; 16% a niños, niñas y adolescentes; 15% son adultos mayores y 13% están en verificación de edad.
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