Prefecto Mariano Zambrano rinde versión en Fiscalía
La autoridad de Manabí calificó denuncias como “infundadas, sin criterio y sin sustento”.
Al tercer llamado de la Fiscalía acudió el , a rendir su versión, dentro del proceso por actos de corrupción que se sigue en su contra y en contra de su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera.
En medio de simpatizantes y otras autoridades de la provincia, el funcionario rechazó las acusaciones en su contra, a las que calificó como “totalmente infundadas sin criterio y sin sustento”.
Aunque es la tercera convocatoria, Zambrano asegura que es la segunda puesto que la primera vez no recibió la notificación. “Nosotros tenemos el tiempo suficiente para hacer los descargos correspondientes”.
Previo al ingreso a dar su testimonio, aseguró -sin dar nombres- que hay muchos políticos detrás de esto.
AHORA Mariano Zambrano, prefecto de Manabí, acude a la Fiscalía a rendir versión dentro de la investigación por varios delitos asociados a actos de corrupción, dijo que las acusaciones en su contra "son totalmente infundadas, sin criterio y sin sustento". Vía @apifoto pic.twitter.com/75kXyWHjW2
— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) 16 de agosto de 2018
, a ambas autoridades por los delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, perjurio, testaferrismo y lavado de activos.
Según el organismo, desde el 2011, padre e hijo habrían manejado una red de corrupción con contratos de empresas públicas e instituciones, que ascendería a $70 millones.
El transitorio pidió a Fiscalía que el caso se radique en Quito en vista de que .
Pero no es el único frente abierto contra Zambrano Segovia. en la contratación, ejecución y fiscalización de obras públicas en el sector de la Manga del Cura, y estableció sanciones de destitución a la autoridad provincial y a otros 10 funcionarios de la Prefectura de Manabí.
Con base en el documento, la Contraloría predeterminó glosas por $2,2 millones para los involucrados. Además, otra sanción por 1$67.433. A partir de la notificación, los funcionarios tienen 30 días para plantear sus argumentos de descargo al órgano de control, tras lo cual la Contraloría emitirá otro pronunciamiento.