Contraloría del Estado detecta presuntas irregularidades en contratos de sabatinas

9 personas constan en informe de indicios de responsabilidad penal enviado a Fiscalía. Foto: Archivo Flickr Presidencia Ecuador
14 feb 2018 , 05:55
Redacción

9 personas constan en informe de indicios de responsabilidad penal enviado a Fiscalía.



La Contraloría General del Estado detectó supuestas irregularidades en los contratos de las del anterior Gobierno. Nueve personas constan en el informe de indicios de responsabilidad penal enviado a la Fiscalía General del Estado. En la lista aparecen exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación (Secom).
 

La entidad de control realizó una auditoría para verificar la legalidad de los gastos en la contratación, producción y montaje de los enlaces ciudadanos, en donde detectó varias presuntas irregularidades en contratos de monitoreo de medios que la Secom, dirigida en ese entonces por Fernando Alvarado, consideraba opositores al Gobierno del presidente Rafael Correa. 

 

Se detectó varios contratos sin informes legales y técnicos en las sabatinas. Entre ellos,  uno con Víctor Hugo Enrique Sarango, fallecido en un accidente, como técnico en audiovisuales, por $1.500  al mes. Su trabajo fue monitorear a los medios de comunicación de Loja como Ecotel TV, radio Luz y Vida y radio Satelital.  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sarango, en sus informes, precisó que los trabajos fueron pedidos y ordenados por el gerente de la empresa Gota Azul, Carlos Bravo, hermano de Marco Antonio Bravo, subsecretario de medios institucionales.  
 

Gota Azul mantenía un contrato con la Secom por 189.000 dólares para la producción de documentales cadenas y reportajes; material similar fue entregado por Víctor Sarango, en consecuencia la Contraloría determinó la duplicidad de los pagos. 
 

Entre los implicados están los exfuncionarios: Fernando Alvarado, Marco Antonio Bravo Segovia, su hermano Carlos Bravo Segovia y otras 6 personas entre directivos y proveedores.
 

El informe con indicios de responsabilidad penal fue remitido por el contralor subrogante, Pablo Celi, el pasado 6 de febrero. 

 

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