Concejala de Quito no justificó $ 39 mil, según Contraloría

La Contraloría envió un informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía.

La envió un informe a la en el que determina indicios de responsabilidad penal contra la , por presunto enriquecimiento ilícito. La entidad indica en el documento que no fue posible identificar el origen de recursos por US$ 39 836, 85 dólares, "dinero con el cual completó la adquisición" de un departamento en la capital. 

La Contraloría General del Estado realizó un examen especial a las declaraciones patrimoniales juramentadas presentadas por la concejala Cevallos. La declaraciones responden al Plan Anual de Control del año 2017 de la Dirección de Auditoría de Administración Central y la disposición del contralor.

“Por todo lo expuesto se presume la existencia de elementos que configuran el delito de enriquecimiento ilícito de acuerdo a lo establecido en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal”, señala el texto de la entidad.

El pasado mes de abril, a los concejales Sergio G., Eddy S. y 6 funcionarios más del Municipio de Quito se les dictó uso de dispositivos electrónicos y otras medidas cautelares al ser investigados por asociación ilícita. La jueza María de los Ángeles Montalvo también dispuso la prohibición de salida del país y la presentación ante la autoridad cada 15 días.

Los ocho funcionarios del Cabildo fueron retenidos el 19 de abril de 2018, con fines investigativos, tras las denuncias en su contra por presuntamente formar parte de una red de corrupción que habría causado perjuicios a transportistas de Pichincha por alrededor de 80 millones de dólares. Según las investigaciones, los funcionarios habrían solicitado el dinero para otorgar permisos de operación de buses y taxis.