Comisión de Fiscalización recibe pruebas por trámite de juicio político contra Ochoa
Funcionario pidió más plazo para pruebas de descargo, pero solicitud fue negada.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió la tarde del jueves 15 de febrero de 2018 pruebas para el juicio político en contra del superintendente de Comunicación, .
El funcionario pidió que se amplíe el plazo para que él presente las pruebas de descargo, pero la presidenta de la Comisión, María José Carrión, indicó que esta solicitud no procede.
C. Fiscalización de @AsambleaEcuador se instala para recibir pruebas para el juicio político contra Carlos Ochoa. pic.twitter.com/E4vjzcERyh— Paul Romero (@mromerorivera) 15 de febrero de 2018
Los legisladores Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta, proponentes del juicio político, aseguraron que Ochoa abusó del poder y violó la ley.
Villamar presentó 10 pruebas de cargo en contra de superintendente de Comunicación (la mayoría sanciones a medios) para la censura y destitución del funcionario.
Cuesta también presentó pruebas: entre otras, presentó una glosa de la Contraloría General del Estado por sobresueldos y bonos injustificados en Gama.
Según la asambleísta, el 94% de las sanciones de Carlos Ochoa fue para medios privados de forma subjetiva.
Entre tanto, la Comisión de Fiscalización, dentro del proceso de trámite del juicio político contra Ochoa, aprobó la comparecencia de Martha Roldós, Ramiro García, Luis Baldeón y Aurelio Dávila.
El contralor Pablo Celi también será convocado a la Comisión de Fiscalización para que explique acerca de la glosa en contra del superintendente de Comunicación.
El miércoles 7 de febrero de 2018 la Comisión admitió a trámite el juicio político en contra de Ochoa. Una vez notificado, el funcionario cuenta con 15 días para aplicar su derecho a la defensa y presentar pruebas de descargo.
Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta, asambleístas del movimiento Creo, acusaron a Ochoa de supuestamente haber incumplido la Constitución y las leyes Orgánica de la Contraloría, del Servicio Público y acuerdos de Derechos Humanos. A esos cargos se suman el presunto abuso de poder y de interpretación subjetiva de la ley.