Asesinado y calcinado dirigente opositor en Venezuela
Guaidó culpa al gobierno de Maduro de asesinar a Edmundo "Pipo" Rada.
El jefe parlamentario venezolano Juan Guaidó culpó este jueves al gobierno de Nicolás Maduro de haber "asesinado" a un dirigente de Caracas de oposición perteneciente a su mismo partido.
El concejal Edmundo "Pipo" Rada apareció "con el cuerpo calcinado, con dos tiros de gracia en la nuca" después de haber sido reportado desaparecido el miércoles, denunció Guaidó en una rueda de prensa.
"Esto es un asesinato de la dictadura (...) hay claros indicios de que la causa es política", aseguró el líder opositor, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países.
Guaidó presumió que el crimen fue cometido por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). "Es la información que tenemos preliminarmente", acotó.
Pdte @jguaido responsabiliza al régimen del asesinato de Edmundo “Pipo” Rada pic.twitter.com/rPNnAXMC68— Sergio Novelli (@SergioNovelli) October 17, 2019
Las FAES, un cuerpo de élite de la policía creado en 2017, son acusadas de múltiples violaciones de derechos humanos en su lucha contra la delincuencia, incluidas supuestas ejecuciones.
Guaidó no detalló dónde hallaron el cuerpo de Rada, concejal del municipio Sucre (este) de Caracas.
Las autoridades no se han pronunciado sobre el siniestro.
Rada, quien militaba en el partido Voluntad Popular junto a Guaidó, era conocido como líder social en la populosa barriada de Petare y colaboraba en la organización de comedores comunitarios.
Momentos antes de la denuncia, Venezuela obtuvo una bancada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de las críticas de oenegés y otros países latinoamericanos.
"El mismo día que un sistema de la ONU permite que una dictadura como la de Maduro se siente en una silla bañada de sangre (...), asesinan a Edmundo Rada", declaró el dirigente opositor.
Un informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, indicó en julio pasado que el gobierno venezolano reportó 5.287 muertes por "resistencia a la autoridad" en 2018 y otras 1.569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019.
Muchos de esos casos, según Bachelet, pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.