Asambleístas se ratifican en censurar actuación del exvicepresidente Jorge Glas
Jorge Glas ha sido sentenciado en primera instancia a seis años de privación de libertad.
El asambleísta, firmante de la solicitud de juicio político contra el vicepresidente, fue el primero en presentar ante las las pruebas para demostrar la presunta responsabilidad política del Vicepresidente de la República, en actos de corrupción que se investigan, como la trama de Odebrecht, el caso Petroecuador entre otros, en el ámbito de los sectores estratégicos que, por encargo del expresidente Rafael Correa Delagado, estuvieron en manos del Segundo Mandatario.
Recordó que el enjuiciamiento político es una responsabilidad exclusiva y obligatoria de la Asamblea Nacional y que para cumplir esta responsabilidad no se requiere de un juicio penal previo. “Tenemos que cumplir con el pueblo ecuatoriano, este es un proceso político que espera la ciudadanía, para que se censure el accionar de Jorge Glas y se siente un precedente en el combate contra la corrupción”, dijo.
En su intervención describió cada una de las pruebas documentales y testimoniales que se adjuntaron al momento de la presentación de la solicitud, así como elementos probatorios que pudieron recabar con posterioridad a esa fecha. Así mismo, explicó que hubo dificultades para obtener documentos de varias entidades del Estado, por lo que se pidió que sea la Asamblea la que, de manera institucional, oficie a dichos organismos para que remitan los expedientes.
“La negación y la impunidad son los objetivos que buscan los corruptos”, expresó, al subrayar que la sentencia de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en el juicio que se sigue por presunta asociación ilícita contra Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y otros, demuestra que existe responsabilidad del Vicepresidente de la República en los hechos que se investigan.
De su lado, Jeannine Cruz, destacó que el juicio político se inició cuando la Corte Constitucional emitió el dictamen de admisibilidad y, por tanto, la Asamblea tiene la responsabilidad de continuar el proceso hasta determinar la responsabilidad política de Jorge Glas y de censurar su gestión.
“Es importante que venga el señor Glas a la Asamblea para que diga toda la verdad sobre la trama Odebrecht, tenemos que descubrir otros rostros que están detrás de estos hechos de corrupción y seguir las acciones que sean necesarias”, agregó.
Para la legisladora Rina Campain, de Esmeraldas, el tiempo les ha dado la razón en torno a los actos de corrupción, en los cuales está involucrado Jorge Glas Espinel. “Ahora el pueblo quiere respuestas, está a la espera que la Asamblea Nacional censure al Vicepresidente, la ciudadanía no entiende por qué se esperó que se inicie un juicio penal para tomar las acciones políticas que corresponden a la Función Legislativa”, agregó.
Con esta frase, el asambleísta Henry Cucalón, de Guayas, cerró su intervención, en la cual detalló los niveles de responsabilidad política y penal del vicepresidente de la República, Jorge Glas, sobre la base de los documentos y las conclusiones del juicio penal seguido en su contra por presunta asociación ilícita, respecto del cual ha sido sentenciado en primera instancia a seis años de privación de libertad.
Aseguró que determinar la responsabilidad política del Vicepresidente, en el juicio político, es legal y moralmente pertinente, pese a que para algunos podría ser extemporáneo, porque la determinación de la responsabilidad penal se adelantó a la obligación que tiene la Asamblea de observar la gestión política, un hecho sin precedentes en la historia del Ecuador.
Explicó que en cada uno de los documentos que constan del proceso penal se establece la responsabilidad penal y se enfatiza también en la responsabilidad política que le correspondió al Vicepresidente ya que como encargado de los sectores estratégicos tenía el deber de controlar y supervisar las contrataciones y demás actos relacionados con este sector. Si lo hubiera hecho, no se habrían perpetrado los actos de corrupción en Petroecuador, añadió.
“No es posible que el ingeniero Glas se vaya por sobre tiempo, debe haber la sanción política que corresponde aplicar a la Asamblea Nacional, para sentar un precedente en el país”, enfatizó.
Para Raúl Tello, la Asamblea no debe inhibirse de la obligación de fiscalizar, sino cumplir el deber de fortalecer la institucionalidad y la democracia, algo que no puede darse si existe impunidad. Por eso, al igual que Daniel Mendoza y Homero Castanier pidió con continúe el proceso de juicio político contra Glas.
Expresó que existen los suficientes argumentos para juzgarlo políticamente, pues en la sentencia de la Corte Nacional de Justicia existe la posibilidad de la configuración de otros delitos como el cohecho, peculado, enrequicimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros, que, según el artículo 129 de la Constitución, son causales para llevar adelante un juicio político en contra del segundo mandatario.
“Hay delitos conexos”, añadió Castanier. “El tiempo juzgará y nuestros electores verán quiénes actuaron responsablemente y cumplieron con su mandato de fiscalizar y quienes boicotearon o retardaron este juicio político por conveniencia”, acentuó, tras señalar que ni la Constitución ni la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que una vez que se haya avocado conocimiento de la causa se suspenda por la ausencia o renuncia del funcionario.
Por su parte, Mendoza dijo que “está claro que esta Comisión no tiene capacidad de archivar este juicio político” y, una vez que permitieron que se presenten pruebas de cargo, se debe recibir, en calidad de exvicepresidente a Glas para escucharlo y elaborar el informe para que el Pleno resuelva sobre la censura.