Empresa que funcionaba como Banco Cofiec cobraría a deudores de banca cerrada
Así lo señala un asambleísta opositor, pero un legislador oficialista lo descarta.
La , aprobada la noche de este lunes por la Asamblea Nacional, establece que el Banco Central ya no se encargará de las cobranzas a los deudores de la banca cerrada por la crisis financiera. Ahora esa acción estará a cargo de una empresa especializada en cobranzas, con una participación mayoritaria del Estado.
Para el socialcristiano Luis Fernando Torres, ese requisito solo lo cumple una compañía a escala nacional.
“En el proyecto original enviado por la Presidencia de la República, la empresa compradora de la cartera tenía nombre y apellido: Recycob Sociedad Anónima. Para el segundo debate, ante una observación que yo hice, se eliminó el nombre y el apellido de la empresa; sin embargo, se dejó entre los elementos de la empresa a la que se le vendería la cartera todos aquellos que conducen a pensar que Recycob Sociedad Anónima será la compradora de la cartera del Banco Central”, dijo.
El oficialista Virgilio Hernández, presidente de la comisión que tramitó el proyecto, afirma que la ley no menciona específicamente que Recycob, antiguo Banco Cofiec, realizará el cobro a los deudores.
“La ley no plantea Recycob, sino plantea las características. Efectivamente en este momento esto es Recycob, pero más adelante bien podría establecerse que exista otra institución que cumpla esas características y cumpla también ese papel de cobrar estas deudas’, manifestó.
Torres no confía en que Recycob se encargue de las cobranzas: “En el artículo 1 no están todos los filtros que se necesitarían para garantizar que la empresa que compre la cartera sea la empresa más idónea para asegurar el cobro y pagar también lo debido al Banco Central”.
Pero Virgilio Hernández señala que el Banco Central no está en condiciones para seguir con esa acción: “Al no ser ni sus competencias de una institución especializada es algo extra que hace el Banco Central y por lo tanto en ciertas ocasiones no podría darle la debida atención que también estos procesos requieren”.
Según datos de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, son 2.228 los deudores de la banca cerrada a quienes se les deberá cobrar, al menos, 1.500 millones de dólares.
La empresa encargada tendrá un plazo de 15 años para estas cobranzas. La Ley de Reestructuración de Deudas está en manos del Ejecutivo, que en máximo 30 días deberá sancionarla o devolverla a la Asamblea en caso de que presente observaciones.