Tarjetas de crédito y bancos podrán cobrar deudas desde fin de mes
A finales de mayo se cumple el plazo de 2 meses impuesto.
Se flexibiliza la cuarentena y volvemos a las actividades económicas, pero las deudas de los dos meses de aislamiento se empiezan a cobrar en pocos días más.
A finales de mayo se cumplen los dos meses de plazo que dieron los bancos para no cobrar deudas pendientes de créditos y tarjetas durante la pandemia, así como las rentas de inmuebles. pic.twitter.com/b7xPRJ6ZPS— Ecuavisa (@ecuavisa) May 29, 2020
Como es el caso de los créditos y pagos de tarjetas que se congelaron por 60 días durante la emergencia y ya algunos recibieron las llamadas telefónicas de los bancos.
"De reestructurar una deuda debido a que durante tres meses la entidad bancaria se me reflejaba un pago 0. De la noche a la mañana se me reflejan 750 dólares, me acerqué y me dijeron que son los intereses más las tres letras de los meses que no se han cancelado", cuenta Andrés Peñafiel, usuario bancario.
Para Francisco Alarcón, del centro de mediación empresarial, lo primero que hay que entender es que las deudas son contratos que no pueden ser modificados sin que ambas partes estén de acuerdo.
"Lo que se impone es la realidad, si ha cambiado la realidad de pagos de las personas que deben pagar. Pero hay que estar concientes que eso no es ilimitado pues eso hay que demostrarlo y conversarlo ", afirma.
Las entidades bancarias tampoco pueden tomar decisiones de diferimiento de una deuda a mayor plazo del establecido desde un inicio, aunque diga que envió algún comunicado por correo electrónico.
"No cabe, absolutamente por notificaciones unilaterales sin respuesta que el banco pueda cambiar las condiciones", agrega Alarcón.
La Superintendencia de Bancos está analizando ampliar el periodo de diferimiento de los créditos que sería un alivio para las cientos de miles de personas que están desempleadas, pero aún no decide por cuánto tiempo más y cuáles serían las condiciones.
Pero no son solo las deudas que se tengan con entidades bancarias, también lo son los servicios básicos y las rentas que no se han podido pagar. La Defensoría del Pueblo ha recibido en su plataforma 8.000 alertas por vulneración de derechos en distintos ámbitos.