Primeros procesamientos por robo de bebés en dictadura chilena tras 42 años

En Chile, después de más de cuatro décadas, la justicia procesó por primera vez a Ivonne Gutiérrez Pávez, exjueza del tribunal de menores de San Fernando, por su rol en una red de adopciones ilegales ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet. La magistrada, de 85 años, está acusada de sustracción de menores junto a otras cuatro personas. Los primeros casos judicializados son los de Andrea y Alex, dos niños que fueron separados de sus madres sin su consentimiento. Alex fue enviado a Estados Unidos en 1983 y su madre, Ruth Reyes, de 16 años en ese entonces, nunca volvió a verlo.

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El escándalo fue revelado por la prensa en 1983, cuando se denunció que Gutiérrez, junto con su pareja, el abogado Alberto Bronfman, y otros colaboradores, entregaba bebés nacidos de madres adolescentes y vulnerables a matrimonios extranjeros. Muchas mujeres firmaron documentos sin saber su contenido o fueron amenazadas con cárcel si reclamaban a sus hijos. El caso de Reyes, quien entregó temporalmente a su hijo sin firmar papeles judiciales, es emblemático por haber sido el primero denunciado formalmente.

Una batalla legal que ha durado décadas

Desde 2017, el Poder Judicial chileno investiga más de 1 300 casos de adopciones irregulares, la mayoría ocurridas entre 1970 y 1990. De ellos, 595 causas siguen en trámite. Solo en la ciudad de San Fernando se estima que hubo al menos 50 casos. Los investigadores calculan que hasta 20 000 menores habrían sido sacados ilegalmente del país, en su mayoría con destino a Estados Unidos e Italia.

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Las investigaciones revelan que las adopciones ilegales en San Fernando operaban con el respaldo de jueces, abogados, sacerdotes, funcionarios de salud y organizaciones sociales. Las madres eran manipuladas para entregar a sus hijos bajo custodia temporal, que luego se convertía, sin su consentimiento, en adopción definitiva. A cambio, las familias extranjeras pagaban sumas que podían llegar a los 50 000 dólares.