La polémica ley de amnistía aprobada en Perú que perdonará a centenares de policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos
Los crí menes cometidos durante el conflicto armado interno siguen coleando y generando polé mica en Perú .
La presidenta Dina Boluarte, promulgó este mié rcoles una ley que amnistí a a los militares, policí as y miembros de los Comité s de Autodefensa procesados por crí menes contra los derechos humanos cometidos durante la guerra que enfrentó al Estado peruano y las guerrilas de ultraizquierda de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tú pac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000.
En un acto solemne en el Palacio de Gobierno de Lima en el que estuvo acompañ ada por los diputados que promovieron su aprobació n y de altas autoridades, Boluarte firmó una ley que, dijo, hace "justicia" y "honra" a quienes lucharon contra el "terrorismo" .
"Muchos de estos hombres y mujeres entregaron su vida en defensa de la paz que hoy gozamos. Otros sobrevivieron, pero cargaron durante años con el peso de juicios interminables, de acusaciones injustas, de un dolor que no solo alcanzó a ellos, sino también a sus familias", declaró .
Con la ley, dijo la presidenta, "les devolvemos la dignidad que nunca debió ser cuestionada" .
Final de Má s leí das
La ley desató la indignació n de los familiares de las ví ctimas.
"La ley premia a los violadores de derechos humanos y cierra las investigaciones aún en curso", denunció Gisela Ortiz, portavoz de las ví ctimas de la matanza de La Cantuta de 1992, en la que miembros del servicio de inteligencia y de la Policí a secuestraron y asesinaron a diez personas en una universidad de los alrededores de Lima.
Teó fila Ochoa, sobreviviente de la masacre de 69 personas de una comunidad indí gena perpetrada por una patrulla militar en Accomarca en agosto de 1985, dijo que le "duele como peruana" que se aprueben leyes para que "sean libres los asesinos que han quemado, matado y violado a nuestros familiares" .
Tania Pariona, de la Coordinadora de Derechos Humanos, una organizació n local, le dijo a BBC Mundo que "la amnistía busca imponer una política de olvido forzoso sobre los hechos ocurridos entre 1980 y 2000, cuando hay familias que llevan décadas esperando a recibir justicia" .
La medida tambié n ha sido cuestionada fuera de Perú .
Un grupo de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió en julio que la aprobació n de la amnistí a pondrí a al Estado peruano "en claro incumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional", cuyas normas "prohíben amnistías o indultos por crímenes tan graves" .
Y la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nancy Herná ndez Ló pez, requirió al Estado peruano que suspendiera la tramitació n de la polé mica ley hasta que el tribunal regional analice có mo afecta su contenido a las ví ctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, dos de las má s destacadas de aquellos añ os y por los que fue condenado el entonces presidente Alberto Fujimori.
El conflicto peruano dejó cerca de 70.000 muertos, un 30% causados por agentes del Estado, segú n estimó el informe final de la Comisió n de la Verdad y la Reconciliació n.
A quié n beneficia la amnistí a
La norma amnistí a a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policí a Nacional del Perú "que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000" .
Los miembros de estas organizaciones que ya hayan sido condenados disfrutará n de la amnistí a si han cumplido 70 añ os, lo que, segú n las organizaciones de ví ctimas, permitirá que, dado el tiempo transcurrido, todos ellos salgan de la cá rcel o queden sin castigo.
La norma beneficia tambié n a los milicianos de los Comité s de Autodefensa, una especie de patrullas ciudadanas que proliferaron durante el conflicto en las zonas con una menor presencia de las fuerzas estatales.
Entre los potenciales beneficiados por la medida está n mandos militares que han eludido la acció n de la justicia, como el general José Valdivia Dueñ as, que mandaba las fuerzas que en mayo de 1988 acabaron con la vida de 29 personas en Cayara, Ayacucho.
Otros, como Santiago Martí n Rivas, encarcelado por liderar el llamado Grupo Colina, el comando que perpetró las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, podrí an salir de prisió n sin haber cumplido su condena ni indemnizado a las ví ctimas.
Otro que podrí a ser liberado es Telmo Hurtado, un exmilitar conocido como el "carnicero de los Andes", condenado en 2016 a 23 añ os de cá rcel por dirigir la matanza de Accomarca.
"No hay una cifra oficial, pero tenemos certeza de por lo menos 156 casos con sentencia firme y 600 en proceso que quedarían cancelados", dijo Pariona, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Quié n promovió la amnistí a y por qué
La ley de Amnistí a fue aprobada con los votos de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori, condenado por crí menes contra los derechos humanos y delitos de corrupció n cometidos durante su mandato.
Otros congresistas de derecha votaron a favor, entre ellos el almirante retirado Jorge Montoya, quien redactó el proyecto y se quejó porque "más de 1.200 familias" de policí as y militares han sufrido durante añ os las llamadas de la Fiscalí a a sus seres queridos.
El fujimorista Fernando Rospigliosi, defensor de la ley, dijo que con é l se hace justicia a "quienes con coraje y amor a la patria" se enfrentaron al "terrorismo" .
Qué puede pasar ahora
Las organizaciones de ví ctimas han iniciado protestas y medidas legales para impedir la aplicació n de la amnistí a.
Tienen sus esperanzas puestas en la CIDH, que les ha dado la razó n otras veces.
La presidenta de este tribunal internacional ha convocado a los familiares de las ví ctimas de Barrios Altos y La Cantuta a una audiencia pú blica sobre el tema el pró ximo 21 de agosto a la que tambié n ha citado al Estado peruano.
Pero Perú ya ha ignorado algunas de sus resoluciones desde que Dina Boluarte es presidenta, como cuando liberó Fujimori en virtud de un polé mico indulto que la corte consideró ilegal.
Semanas antes de firmar la ley, Boluarte proclamó que "Perú no es colonia de nadie" . "No permitiremos la intervención de la Corte", prometió .
Sin embargo, hay voces que sostienen que será n los jueces quienes finalmente decidan en cada caso si se aplica la amnistí a.
Mantienen que la ley es inconstitucional y quebranta los compromisos adquiridos por Perú como estado firmante de la Convenció n Americana de Derechos Humanos, por lo que podrí an aplicar el principio jurí dico conocido como "control difuso de constitucionalidad" o "convencionalidad", que permite a un juez dejar de aplicar en un caso de su competencia una norma que le parezca contraria a la Constitució n peruana o a la citada Convenció n.
Segú n Omar Cairo, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Cató lica del Perú , "todos los jueces peruanos, por mandato del articulo 138 de la Constitución, tienen el deber de inaplicar la Ley de Amnistía" .
David Lovató n, asesor legal de DPLF, una organizació n dedicada a la defensa de los derechos humanos y el estado de derecho en Amé rica Latina, pronostica que "Ciertamente los militares, policías y civiles investigados, procesados o condenados por graves violaciones de derechos humanos exigirán la aplicación de esta ley en las respectivas carpetas fiscales o procesos judiciales, pero corresponderá a los jueces evaluar si procede –o no–, constitucional y convencionalmente, este pedido" .
Lovató n cree que "esta nueva Ley de Amnistía es claramente incompatible con la Convención Americana a la luz de la sostenida jurisprudencia de la Corte Interamericana a partir del caso Barrios Altos vs. Perú del año 2001, que ha proscrito en nuestro continente toda norma o medida estatal como amnistías, indultos o prescripciones, que pretendan la impunidad de graves violaciones de derechos humanos" .
Lo má s probable es que la controversia jurí dica sobre los crí menes cometidos en el conflicto peruano continuará , un nuevo ejemplo de que aú n supuran aú n heridas que al paí s le cuesta cerrar.
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