El país de América Latina que genera más solicitudes de asilo en el mundo
Miles de venezolanos cruzan diariamente la frontera hacia Colombia.
No sufrió una guerra ni una catástrofe natural pero en 2017 Venezuela se ubicó en el cuarto lugar en la lista de países de origen de nuevos solicitantes de asilo en el mundo.
De acuerdo con un informe publicado este martes por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) sobre tendencias mundiales en desplazamientos forzados, el número de venezolanos que solicitaron este tipo de protección internacional se ubicó el año pasado en 111.600, una cifra que triplica la registrada en 2016.
Así la nación sudamericana como Afganistán (124.900), Siria (117.100) e Irak (113.500), donde ha habido intervenciones militares de grandes potencias internacionales y actúan grupos extremistas como el autodenominado Estado Islámico, Al Qaeda y los talibanes.
En la lista de ACNUR también aparecen, aunque a considerable distancia, otros países latinoamericanos como El Salvador (59.400 solicitudes), Guatemala (36.300) y Honduras (34.900).
Aunque reconoce las dificultades para recopilar este tipo de estadísticas, el informe sobre desplazamientos forzados estima en más 1,5 millones el número de venezolanos que han salido de su país empujados por la "la difícil situación de seguridad, la pérdida de ingresos como consecuencia de la actual situación económica y la escasez de alimentos y medicinas".
"Guerra económica"
El gran número de personas que sale de Venezuela huye de una dura crisis económica marcada, además por escasez de alimentos y medicinas, por la inflación más alta del mundo.
El Banco Central no publica estadísticas oficiales y lo más parecido son las estimaciones de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, que calcula que la subida de precios anualizada hasta mayo fue de un 24.571% y proyecta que cerraría el año en un 300.000%.
Pero el gobierno de Nicolás Maduro considera que se trata de una inflación "inducida" y parte de una supuesta "guerra económica" en la que factores de la oposición y los grandes empresarios, con el apoyo de Estados Unidos, se dedican a sabotear al país.
Maduro, en el último de sus intentos para tratar de atajar la rampante inflación, ordenó la eliminación de tres ceros de la moneda, el bolívar. Esta reconversión monetaria y nuevo cono monetario debió haber entrado ya en vigor y fue pospuesta para el 4 de agosto.
Además de la inflación, quienes salen del país huyen de una grave crisis sanitaria.
Según denunció este martes el Parlamento, más de 2.000 personas con cáncer han muerto porque no pudieron acceder a un tratamiento adecuado en los dos últimos años.
"Personas de interés"El informe destaca que, aunque desde comienzos de 2015 hasta finales de 2017, unos 166.000 venezolanos han solicitado asilo hay un número mayor (más de 500.000) que han podido acogerse a formas legales alternativas para poder permanecer en los países de acogida.
ACNUR señala que , esto es, ciudadanos a los que -más allá del marco del asilo- se les puede ofrecer una cierta protección gracias a otros acuerdos internacionales, regionales o resoluciones de la Asamblea General de la ONU.
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"Algunos países de la región de América Latina han introducido mecanismos al margen del sistema de asilo formal para que ciudadanos venezolanos residan durante un periodo prolongado (de uno a dos años), con acceso a trabajo y servicios sociales. Estos mecanismos incluyen permisos de residencia temporal, visados de migración laboral, visados humanitarios y acuerdos de visados regionales", señala el informe.
El organismo de la ONU estima que en 2017 la cantidad de venezolanos en esta situación aumentó en 345.600 personas.
En el caso concreto del asilo, ACNUR destaca que (33.149), seguido por Estados Unidos (30.119), Brasil (17.865), España (10.622), Panamá (4.430), México (4.042) y Costa Rica (3.175).
Sin embargo, un número mayor de venezolanos pudieron ser acogidos en la categoría de personas de interés, en países como Chile (84.500), Colombia (68.700), Argentina (56.600), Panamá (48.900), Ecuador (41.000), Perú (31.200), Brasil (8.500) y Uruguay (6.200).
A pesar de estas cifras elevadas, ACNUR estima que .
Esta situación preocupa al organismo que advierte que "sin acceso a un estatuto jurídico, están más expuestos a violencia, explotación, abuso sexual, trata de personas y discriminación".
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