Ordenan forzar a directivos de medios demandados a comparecer ante justicia venezolana

Miguel Henrique Otero, Leopoldo López Gil y Alberto Ravell son los directores de los tres medios demandados. Foto: Collage
08 oct 2015 , 06:50
Redacción

La orden obedece a una demanda por difamación interpuesta por Diosdado Cabello.

Un juez venezolano ordenó que la policía judicial para responder en una , según un documento conocido este miércoles.

 

"Se ordena mediante uso de la fuerza pública la búsqueda, localización y traslado hasta la sede de este tribunal" de los directivos de los diarios anuncia un comunicado de una corte de Caracas fechado el 28 de septiembre.

 

Entre los figuran el presidente editor de , Miguel Henrique Otero, y el miembro de la junta directiva de ese diariocondenado a casi 14 años de prisión en septiembre. 

 

Otero, López Gil y otros de los investigados se encuentran fuera del país y no se han presentado a las audiencias desde que el tribunal admitió la demanda en agosto pasado.

 

Cabello, número dos del chavismo, demandó en abril por difamación agravada a los tres medios de comunicación venezolanos por que lo vinculaban a investigaciones de fiscalías federales estadounidenses como operada por militares venezolanos. 

 

En agosto, otro juez prohibió enajenar el edificio sede de El Nacional en Caracas, como parte de la demanda por , capitán del Ejército que acompañó al fallecido presidente(1999-2013) en el fracasado golpe de Estado que dio en 1992.

 

La orden judicial también recayó sobre Alberto Ravell, , crítico férreo del chavismo hasta que fue vendido en marzo de 2013 cuando flexibilizó su línea editorial.

 

Asimismo, la medida precisa que el director de Tal Cual y , Teodoro Petkoff, queda eximido de asistir a las audiencias por motivos de salud. 

 

Propietarios de medios privados y periodistas venezolanos han denunciado que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, hostiga a los profesionales de la prensa al limitar la asignación de divisas para importar papel, iniciar procedimientos penales y administrativos contra empresas mediáticas, o censurar públicamente el desempeño de comunicadores. 

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