Julian Assange pide 20 años de cárcel para un periodista, por supuesto espionaje en la Embajada de Ecuador en Londres
El activista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, solicitó formalmente una pena de 20 años y medio de prisión para David Morales, el ciudadano español y exmilitar al que acusa de haber dirigido un sofisticado esquema de espionaje en su contra. Las acciones habrían ocurrido mientras Assange estaba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, e incluyeron la supuesta filtración de videos íntimos y datos confidenciales de su día a día a las autoridades de Estados Unidos.
Morales no es un desconocido en el caso: fue, desde 2012, el responsable de UC Global, la empresa española que se encargó de la seguridad perimetral de la sede diplomática ecuatoriana en la capital británica. Dada la sensible situación del asilo de Assange, UC Global tenía el control de la gestión de las videocámaras y la seguridad del recinto, una posición que, según la acusación, aprovechó para vulnerar gravemente la privacidad del activista.
La investigación sobre estos graves hechos se llevó a cabo en la Audiencia Nacional de España, a cargo del juez Santiago Pedraz. A finales de septiembre, el magistrado propuso enviar a juicio a Morales, dando credibilidad a las acusaciones. El escrito de la defensa de Assange, liderada por el abogado Aitor Martínez, atribuye a Morales un total de cinco delitos relacionados con el operativo.
Una de las revelaciones más perturbadoras, según la investigación de Pedraz, es que Morales exigió a los técnicos que instalaron las cámaras de seguridad que habilitaran un sistema de streaming. El objetivo de este sistema no era otro que "abrir dos canales" que emitieran la señal en directo: uno de carácter oficial para Ecuador y el otro, según el juez, para "los amigos de Estados Unidos", evidenciando una presunta colaboración con la Inteligencia estadounidense.
El espionaje, que se extendió durante el periodo de asilo, llegó a niveles de una intrusión brutal. El escrito de acusación de Assange señala que Morales no solo ordenó la colocación de micrófonos ocultos para esquivar las máquinas de ruido blanco que usaba el activista, sino que también encargó informes diarios sobre sus reuniones. Incluso, supuestamente, llegó a ordenar el robo de un pañal de un niño que visitaba la embajada, supuestamente para verificar si era hijo de Julian Assange.
Leer más: Una bomba explota en el vehículo de un periodista italiano amenazado por la mafia
La petición de pena de Assange se estructura en los cinco delitos imputados a Morales: descubrimiento y revelación de secretos (7 años y medio), cohecho (6 años), blanqueo de capitales (1 año y medio), tenencia ilícita de armas (2 años y medio) y pertenencia a organización criminal (3 años). La suma de estas peticiones alcanza los veinte años y medio de cárcel para el empresario español.
El móvil detrás de esta compleja red de espionaje era claro. Assange estaba asilado desde 2012 por el Gobierno de Ecuador, entonces presidido por Rafael Correa, para evitar ser extraditado a Estados Unidos, país que lo perseguía por la divulgación de información sensible a través de WikiLeaks, incluidas violaciones de derechos humanos cometidas por militares en Irak y Afganistán. La defensa de Assange afirma que Morales facilitó esta información confidencial a la Inteligencia de EE. UU. a cambio de beneficios económicos.
El auto del juez Pedraz detalla que Morales ordenó, en 2017, la instalación de nuevas cámaras que registraban el audio de las conversaciones "confidenciales" que Assange mantenía con sus abogados, médicos y familiares, además de personalidades políticas como Baltasar Garzón, Pablo Iglesias y expresidentes latinoamericanos (Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y Mujica). La gravedad de las acusaciones es tal que ciudadanos estadounidenses, al demandar a la CIA en Nueva York, vieron su procedimiento cerrado por la agencia bajo la excusa de proteger la seguridad nacional.
El hecho de que un juez español haya propuesto el juicio contra el dueño de UC Global subraya la seriedad de unas acusaciones que, de confirmarse, constituirían una grave violación de los derechos fundamentales de Assange y de la soberanía del Estado ecuatoriano.
También te puede interesar: Ataque de EE. UU. a buque en el Caribe dejó supervivientes