¿Puede Donald Trump enviar legalmente 30 mil migrantes a Guantánamo?
El plan del presidente Donald Trump para detener a 30 mil migrantes en la base naval de Guantánamo, en Cuba, plantea importantes interrogantes legales y humanitarios.
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Aunque la base ya ha sido utilizada en el pasado para albergar migrantes y sospechosos de terrorismo, expertos en derechos humanos y organizaciones civiles advierten sobre los posibles abusos y los obstáculos legales de esta iniciativa.
¿Qué papel tendría el ejército y cómo se financiaría la operación?
El plan de Trump ordena al Pentágono y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habilitar 30 mil camas en Guantánamo. Actualmente, el ICE cuenta con fondos para 41 500 camas en centros de detención dentro del país, pero necesitaría un presupuesto adicional para cumplir con esta “mayor operación de deportación masiva de la historia”.
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Aunque Estados Unidos dispone de 16 bases militares en su territorio para albergar a migrantes, esta sería la primera vez que se usaría una base fuera del país para deportados que ya viven dentro del territorio estadounidense, según Hannah Flamm, directora interina del Proyecto Internacional de Ayuda para Refugiados (IRAP).
El historial de Guantánamo como centro de detención
Guantánamo ha sido utilizada en varias ocasiones para albergar migrantes y prisioneros acusados de terrorismo. En la década de los 1990, decenas de miles de cubanos y haitianos fueron retenidos en la base, y en 2002 se estableció allí un centro de detención para combatientes enemigos tras los atentados del 11 de septiembre del 2001.
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Sin embargo, la cantidad de migrantes alojados ha disminuido considerablemente. Entre 2020 y 2023, solo 37 migrantes pasaron por la base, según The New York Times. Las condiciones actuales para los migrantes son precarias y carentes de garantías legales, lo que podría agravar los problemas en caso de una detención masiva.
Condiciones en la base: denuncias de abusos
Los migrantes en Guantánamo enfrentan condiciones difíciles, según informes de IRAP y testimonios de exdetenidos. Estos incluyen:
Una familia cubana detenida durante un año en Guantánamo relató que las condiciones eran “similares a las persecuciones que enfrentaron antes de huir de su país” y que su liberación solo se logró bajo el acuerdo de ser reasentados en un tercer país.
Implicaciones legales y recursos judiciales
Los expertos en derechos humanos advierten que esta política podría enfrentar numerosos desafíos legales.
Luis Cortés Romero, especialista en litigios migratorios, sostiene que los recursos de hábeas corpus serán fundamentales para impugnar la legalidad de la detención. Según Romero, la falta de acceso al debido proceso y la detención prolongada sin audiencia violan la Constitución de EE. UU.
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También se podrían presentar demandas por discriminación si las deportaciones masivas se enfocan de manera desproporcionada en migrantes latinoamericanos.
Bill Frelick, director de la División de Derechos de los Refugiados y Migrantes de Human Rights Watch, considera que Guantánamo ha sido históricamente utilizado para eludir protecciones legales y evitar el escrutinio público. Según Frelick, si las detenciones son prolongadas e indefinidas, podrían equivaler a violaciones de derechos humanos e incluso tortura.
¿Es viable el plan de Trump?
A pesar del precedente histórico y del apoyo de algunos sectores políticos en Estados Unidos, la implementación del plan de Trump enfrenta obstáculos legales y diplomáticos.
El gobierno cubano ha denunciado reiteradamente la presencia de la base naval en su territorio como una ocupación ilegal, lo que podría generar tensiones adicionales si la base se transforma en un centro de detención masiva.
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Además, el Congreso estadounidense podría revisar el presupuesto y las implicaciones humanitarias del proyecto, especialmente si se producen demandas legales y protestas de organizaciones de derechos humanos.