Ecuador acuerda negociar con Suecia el interrogatorio de Assange en Londres

LONDRES.- Dos posibles cargos de acoso sexual y uno de coerción ilegal contra Assange expirarán entre este viernes y el próximo martes. Foto: Medios internacionales
12 ago 2015 , 01:19
Redacción

Dos posibles cargos de acoso sexual y uno de coerción ilegal expirarán el 18 de agosto.

El Gobierno nacional acordó con las autoridades suecas abrir negociaciones para permitir que se interrogue en la embajada ecuatoriana en Londres al fundador de WikiLeaks, . Así lo cita el diario británico "Financial Times", en su edición de hoy.

 

El activista australiano está requerido por Suecia para responder sobre cuatro posibles cargos relacionados con delitos sexuales, tres de los cuales habrán prescrito la próxima semana si antes no ha sido cuestionado sobre ellos.

 

Dos posibles cargos de acoso sexual y uno de coerción ilegal expirarán entre este viernes y el próximo martes, cuando habrán pasado cinco años desde que ocurrieron los supuestos hechos.

 

La acusación más grave, que involucra una violación "en grado menor" a una joven mientras dormía, seguirá vigente en todo caso al menos hasta 2020.

 

En junio, la fiscalía sueca informó de que había enviado una solicitud a Ecuador para interrogar al fundador de WikiLeaks en su embajada en la capital británica, donde está refugiado desde junio de 2012.

 

Pocos días después de ese anuncio, Assange sostuvo que la fiscal sueca encargada del caso, Marianne Ny, canceló una cita para entrevistarlo ese mismo día en Londres.

 

Esta semana, la embajada de Ecuador aseguró en un comunicado que "en ningún momento la República de Ecuador ha pedido al Reino de Suecia que garantice asilo a Assange" para permitir el interrogatorio.

 

 

 

 

El ministerio de Interior británico se mantiene al margen de las negociaciones entre ambos países y aseguró a Efe que ni "confirma ni desmiente" la "existencia de asistencia legal mutua" entre ellos.

 

Desde 2010, Suecia ha tomado declaración a 44 sospechosos en suelo británico, según desveló esta semana la organización periodística Hazel Press, que requirió esos datos al Gobierno británico amparándose en la Ley de Libertad de Información (FOIA, en sus siglas en inglés). 

 

 

 

 

 

 

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