¿Apareció viva en Argentina una desaparecida de la dictadura de Pinochet? Su familia cobra pensión hace 40 años
Una mujer chilena que figuraba en la lista oficial de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), supuestamente Bernarda Rosalba Vera Contardo, fue ubicada con vida en Miramar, Argentina. Esta impactante revelación, difundida por un reportaje de Chilevisión, desató una investigación judicial y un gran revuelo político, pues la familia de la mujer, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ha estado cobrando una pensión de derechos humanos por su desaparición durante casi 40 años.
Bernarda Vera, apodada Anita, fue reportada como detenida y ejecutada en octubre de 1973 a los 27 años, siendo incluida en el Informe Rettig como víctima de desaparición forzada. Sin embargo, la investigación periodística reveló imágenes de una mujer de 79 años en la costa bonaerense. Además, se encontraron testimonios de exmilitantes del MIR que aseguran que Vera logró escapar hacia Argentina y, posteriormente, residió en Suecia, donde obtuvo la nacionalidad, se casó y tuvo hijos, antes de regresar a la Argentina a fines de los años 90.
El caso adquirió carácter oficial en Chile en el marco del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia del Gobierno de Gabriel Boric, que busca reconstruir las trayectorias de las víctimas de la dictadura. Tras el levantamiento de testimonios extrajudiciales que apuntaban a la fuga de Vera, el Ministerio de Justicia chileno comenzó a solicitar información a Suecia. En mayo de 2025, el gobierno sueco entregó documentación concreta que confirmaba el refugio político, la nacionalidad y los datos familiares de una mujer llamada Bernarda Vera.
La polémica más grande se centra en las consecuencias éticas y financieras de la presunta supervivencia de Vera. El hecho de que su hija haya recibido beneficios estatales por ser familiar de un detenido desaparecido durante décadas ha generado indignación en parte del espectro político, que exige aclaraciones sobre la exactitud de los listados de víctimas y la gestión de las pensiones.
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Ante la ola de críticas, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien estuvo involucrado en el Plan de Búsqueda, hizo un llamado a la cautela. Cordero insistió en que el gobierno maneja antecedentes que hacen "plausible una investigación", pero que "no tenemos la certeza" de que la mujer en Argentina sea efectivamente Vera. Además, defendió el cobro de la pensión, explicando que la hija de Vera cuenta con una discapacidad motora certificada, razón por la cual el beneficio se mantiene.
La información recabada, incluyendo el DNI argentino de la mujer y las diferencias en las fechas de nacimiento, fue enviada al juez de derechos humanos Álvaro Mesa, quien abrió una indagatoria reservada para esclarecer el caso. La justicia deberá verificar la identidad de la mujer en Miramar y determinar las circunstancias de su supuesta huida de Chile en 1973, algo que dejaría sin efecto su calificación como desaparecida.
Organizaciones de derechos humanos manifestaron su deseo de que se descubra la verdad, pero alertaron sobre la posibilidad de que el caso se use para manipulación mediática y política que busque deslegitimar los esfuerzos de búsqueda y la memoria de las víctimas.
La familia de Bernarda Vera, que fue informada sobre las indagaciones meses antes del reportaje, solicitó mantener la información en reserva mientras avanzan los peritajes. La resolución de este caso en los tribunales chilenos será crucial para el Plan Nacional de Búsqueda y para las familias de los miles de chilenos que aún esperan saber el destino final de sus seres queridos.
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