En el contexto de las elecciones anticipadas de 2023 hubo 13 asesinatos y 10 atentados: ¿qué pasará en 2025?
Hacer política en Ecuador es una actividad peligrosa. En los últimos 17 meses han sido asesinados cinco alcaldes a escala nacional, la mayoría de cantones de la Costa; mientras que en las elecciones anticipadas de 2023, Fernando Villavicencio murió en manos de sicarios, en medio de un mitin político; a la par de constantes amenazas a funcionarios electos por voto popular, así como a los candidatos y familiares de los políticos.
En una investigación llamada Violencia política en las elecciones anticipadas de 2023, elaborada por el Observatorio Ciudadano de Violencia Política, Mega y Friedrich Ebert Stiftung, concluye que durante 2022 y 2023, es decir, tanto en las elecciones de Presidente y asambleístas, como en las seccionales, se produjeron 92 agresiones contra la integridad y la vida de personas políticamente expuestas.
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A propósito de las elecciones de 2025 y el reciente asesinato del alcalde de Arenillas, Eber Ponce, así como el secuestro de la asambleísta, Yadira Bayas, surge la incertidumbre del papel que tendrán los grupos de delincuencia organizada en una posible escalada de violencia, previo a la votación de primera vuelta.
Un alcalde asesinado y una asambleísta secuestrada en dos días
El sábado 11 de enero, Ecuador conoció la noticia del asesinato de Eber Ponce, alcalde de Arenillas, cantón ubicado al sur del país, en la provincia de El Oro. El funcionario fue baleado con cinco disparos mientras conducía un vehículo municipal.
El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, cuando fue interceptado por un sicario que se transportaba en una moto. Ponce iba con un menor de edad en el carro y ambos fueron trasladados a un hospital de Machala, sin embargo, ahí se confirmó el fallecimiento del alcalde.
Con ese caso, suman cinco en los últimos dos años, es decir, atentados contra autoridades electas en los comicios seccionales de 2023. Cuatro pertenecen a cantones de la Costa, solo una mujer y todos los casos son lugares conflictivos, con presencia de organizaciones delictivas.
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A los dos días, el 13 de enero de 2025, se conoció el secuestro de la candidata a asambleísta de ADN, quien obtuvo una curul en las elecciones de 2023 por el movimiento Amigo, Yadira Bayas, quien fue retenida durante un poco más de una hora. Fue capturada alrededor de las 19:00, cerca de un centro comercial en la avenida Francisco de Orellana, en Guayaquil. Para las 21:00, la Policía informó que la funcionaria fue rescatada a la altura del Parque Forestal, en el sur de la ciudad.
En ese caso, la Policía apunta a que se trató de un secuestro exprés porque los delincuentes, ahora detenidos y procesados, le obligaron a la Asambleísta a realizar transferencias bancarias, así como un retiro de un cajero.
Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, explica que hay que diferenciar los crímenes comunes respecto a los que tienen relación con figuras públicas. Por ejemplo, en este caso, aunque todo apunta a que Bayas fue víctima de la delincuencia común, no hay que dejar de lado su grado de vulnerabilidad por ser candidata y legisladora.
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La política es una actividad de alto riesgo, según expertos
La periodista de investigación y editora de Vistazo, María Belén Arroyo, explica que los políticos tienen mayor visibilidad pública, por lo que están más propensos a que miembros de bandas delictivas los vean como objetivos para cumplir sus objetivos.
Rivera explica que cada atentado o agresión contra los políticos en Ecuador tiene su propia investigación, causa y particularidad, sin embargo, ve tres principales factores que podrían explicar las razones de los atentados.
Primero, que las organizaciones criminales busquen marcar un precedente en el territorio que pretenden controlar. Segundo, que exista cierto acercamiento de los candidatos con los grupos delincuenciales. Y, por último, que el funcionario tenga intereses directos de atacar a las bandas criminales o pretenda realizar alguna acción que amenace a su operación o financiamiento.
Entre los datos que arroja la investigación sobre violencia política, en el contexto de las elecciones generales, hubo 13 asesinatos.
El informe incluye a Villavicencio; funcionarios de alto rango en el municipio de Durán, como Miguel Santos e Isabela Dávila; a Intriago (en Manta), porque su caso llegó en el contexto de campaña, una vez declarada la muerte cruzada; a los candidatos a asambleístas Rider Sánchez y Wilson Minchala; también de concejales en Esmeraldas, Durán y Yaguachi; así como al dirigente Pedro Briones, en Esmeraldas, o Gabriel Farfán en Portoviejo; y dos familiares cercanos a los políticos.
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Según Arroyo, la violencia no solo es dirigida, sino que también se puede trasladar a las calles, como una manera de amedrentar a los ciudadanos e incidir en la política, tal como ha ocurrido antes.