Caso Peces Dorados: Así fueron los movimientos millonarios de la red de alias Mexicano

La investigación del denominado caso Peces Dorados, inició en 2019 con una denuncia anónima al 1800. Ese fue uno de los detalles revelados en la audiencia de formulación de cargos contra una empresa y dos personas por lavado de activos.

Según la Fiscalía, los procesados y la empresa supuestamente tenían vínculos con Leonardo B. y su esposa Génesis M., ambos asesinados en julio de 2025. El día del crimen, la Policía indicó que el hombre conocido como alias Mexicano, era un presunto cabecilla de Los Lobos.

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La audiencia se realizó el jueves 4 de septiembre. El juez dispuso prisión preventiva contra las dos personas. Y la clausura temporal de la empresa de venta de mariscos, ubicada en Santa Elena. Uno de los sospechosos fue identificado como César C., alias Tranza, supuesto hombre de confianza de alias Mexicano.

La otra procesada es la actual administradora de la empresa, que fue posesionada en 2024 y compró las acciones de la entidad. La mujer fue de extrema confianza de los fallecidos, a quien le entregaron poderes para administrar los bienes. De hecho, según el acta, intentó el 21 de agosto retirar USD 250 000.

Ecuavisa.com revisó el documento de la diligencia. La denuncia en la que se basó la investigación inicial, indicaba que había personas que se dedicarían al lavado de activos y narcotráfico en Jaramijó y Manta. Supuestamente, su actividad económica no estaba acorde a la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

Uno de los denunciados en 2019 fue alias Mexicano. Presuntamente, él trabajaba en un arco y su anterior pareja era ama de casa. Ambos habrían tenido un spa y dos vehículos en ese entonces. También tenían vínculo con alias Tranza y que en la vivienda que tenían, había movimientos sospechosos.

Las jugosas cuentas bancarias de los implicados en la red de alias Mexicano

Alias Tranza, según los datos expuestos por la Fiscalía, es accionista de una cooperativa de taxis en Manta. Estuvo vinculado entre enero de 2020 a marzo de 2021 en una universidad de Manabí y luego se afilió al Seguro Social voluntariamente hasta 2025.

En los datos del Servicio de Rentas Internas expuestos, alias Tranza inició actividades en 2007 de cultivo de frutos y en 2019 declaró impuestos por USD 263 000. Pero según Fiscalía, registró un ingreso al sistema financiero por USD 791 000, una diferencia de USD 527 000.

"Esto no fue declarado ante el SRI, lo cual se presume tiene origen ilícito", cita el escrito. Supuestamente César C. apenas declaró clientes en 2022 y según el análisis, tuvo un récord de USD 422 000 siendo 2024 el año de mayor facturación a proveedores.

El implicado tiene cuatro cuentas en dos bancos. En ingreso y egreso del dinero analizado, reflejó transferencias por USD 775 415 entre 2019 a 2021. Además registra algunas propiedades en Sucre, Jaramijó y Montecristi, también un carro, dos motos y un autobús. Dos inmuebles de Manta, supuestamente estaban a nombre de sus hijos menores de edad.

Gabriela P., es la otra procesada. Según la Superintendencia de Compañías, es la quinta administradora de la empresa investigada, luego de que supuestamente obtener acciones del 100 %.

Según los datos investigados, la sospechosa trabajó en algunas empresas desde 2017. En 2024, se vinculó a otra entidad por siete meses, que estaría también vinculada a la pareja de alias Mexicano.

En cuando a la información económica, Gabriela P. tiene RUC activo desde 2018 para la venta de productos de pesca. Habría declarado USD 962 000. Pero según un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), registró ingresos entre 2019 y 2024 por USD 1 millón, existiendo una diferencia de USD 780 000.

Un dinero del que se desconocería la procedencia, pues según las autoridades, ella recién declaró clientes desde 2022. Supuestamente, sus principales compradores eran alias Mexicano y su esposa Génesis M.

De acuerdo a informes del SRI, reportó facturaciones entre 2022 y 2024 por USD 711 000, siendo 2024 el año con un monto mayor. Entre 2023 y 2024, facturó a la empresa de la cual es accionista, USD 41 018, a alias Mexicano USD 117 002 y a Génesis M., USD 102 000.

Gabriena P. según el reporte de la UAFE mencionado en la audiencia, entre 2021 y 2025 registró ingresos por USD 1 millón 22 mil. También se reportó movimientos migratorios en 2023, 2024 y 2025 hacia Aruba, Medellín y otras ciudades.

La empresa investigada -según el documento judicial- fue constituida en 2021 con apenas USD 400. Se dedica a pesca de altura, en aguas internacionales, cría y explotación de criaderos. La información obtenida por la Fiscalía revela que se ordenaron transferencias por USD 126 080 a la pareja de alias Mexicano.

Inicialmente, ella fue la propietaria de la compañía. Entre 2022 y 2023 cuando tenía las acciones, registró sus mayores movimientos y el 70 % eran depósitos en efectivo. La empresa tiene una propiedad en Manta valorada en USD 500 000 y un vehículo.

Según la información de la UAFE, entre 2022 y 2025 la compañía tuvo ingresos totales por USD 13 millones. De ese monto, el 75 % fue depositado en efectivo.

El juez dispuso la clausura temporal del sitio, domiciliado en Santa Elena pese a que la actual administradora reside en Manabí. En Google, sale la dirección y la fotografía de la fachada del inmueble.

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Según las plataformas privadas de análisis de comercio exterior ImportGenius y Veritrade, la compañía registró al menos 94 envíos de productos a cuatro países: Alemania, Bulgaria, Bélgica y Brasil. La mercadería era merluza congelada.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía, constan oficios del SRI de que Gabriela P. no registra su declaración patrimonial y que pese a ser dueña de una empresa que generó USD 13 millones, no adquirió ningún patrimonio.

Así mismo, constan las transferencias de acciones de la pareja de alias Maxicano a Gabriela P., realizadas en 2023. La entidad tiene como activos, USD 1 millón, en pasivos USD 1 millón. Además de un patrimonio por USD 34 000, ingresos por USD 5 millones y gastos por USD 5 millones.

El total del análisis tributario arrojó un monto ingresado por USD 17 millones 90 mil por compra de bienes. Desagregando las cuentas -según el acta- se determinó que César C., tenía USD 791 300 y bienes por USD 360 200.

Gabriela P. registró un monto por USD 1 millón 822 y la empresa indagada USD 13 millones 915 mil más bienes por USD 500 000.

Las versiones de los procesados por lavado de activos

Las defensas de los procesados mencionaron las versiones de sus clientes dentro de la investigación. Por ejemplo, Gabriela P. señaló que su RUC fue creado en 2018 e inició su actividad económica de venta de pescado en Manta. También construyó relaciones artesanales y lo reportado por la UAFE no todo el dinero era comercial.

La implicada señaló que en 2023 decidió comprar la empresa investigada y desde 2022 pagó USD 30 000 en efectivo. La compañía creció y generó USD 12 millones en ventas locales y exportaciones.

Recalcó que el dinero no era ilícito, sino de la actividad empresarial y que los poderes dados por Leonardo B. y su pareja eran por temas comerciales cuando estaban fuera del país. Su defensa puntualizó que no era una empresa fachada y que pese a las amenazas de muerte, Gabriela P. ha arriesgado su vida para comparecer y dar su versión.

La administradora -Valeria P. - dijo que era cirujana y su padre le enseñó la compra de pescado. Indicó que los USD 500 que recibió mensuales era una transferencia que no tenía relación a la empresa y se negó a responder más preguntas.

Mientras que el abogado de César C. comentó que su cliente tenía un problema pulmonar que le impidió compadecer en la diligencia anterior. Y para la audiencia del 4 de septiembre, falleció un familiar.

Tras la audiencia, el juez ordenó que se giraran las boletas de encarcelamiento contra César C. alias Tranza, y Gabriela P. Además de oficializar a la sección de localización y captura de la Policía Judicial para ubicar a los procesados.

Finalmente, dispuso que se incauten, retengan y se prohíba enajenar un auto, una motocicleta y un autobús. Además de tres inmuebles en Manta, a nombre de las hijas de alias Tranza.

También un terreno en una urbanización de Manta, un lote con área de construcción en Sucre, un inmueble en Jaramijó y un terreno en Montecristi. El juez además pidió que se oficie a la Superintendencia de Compañías para que se prohíba enajenar las acciones de César C. en una cooperativa de buses.

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