Un paro sin Quito no es paro...

Es verdad que las manifestaciones sociales en contra de la eliminación del subsidio al diésel han complicado el límite interprovincial entre Pichincha e Imbabura y que, en esa zona, los actos vandálicos exhiben cierto de grado de terrorismo.

Pero mientras el caos y el bloqueo no lleguen a Quito, la valoración política del paro no tendrá los quilates de eventos anteriores como la toma de la ciudad en octubre de 2019 y junio de 2022.

Es una disputa simbólica en la que el presidente Daniel Noboa se propuso vencer. Por eso, negoció con los transportistas con rapidez y muchos recursos para evitar su paralización e instaló con anticipación la sede del Gobierno en Latacunga para detener a las huestes de Leonidas Iza, mientras las fuerzas de seguridad operan en el límite de Cayambe y Pedro Moncayo con Otavalo.

Hasta el momento, la estrategia ha dado resultados, pues más allá de las complicaciones en las carreteras que han acelerado cierto desabastecimiento y encarecimiento de productos, la capital de la República vive días de normalidad.

Incluso, la incidencia de la marcha de hace pocas horas de los estudiantes universitarios y otros sectores sociales, por las calles del Centro Histórico, aunque tuvo convocatoria, fue parcial y la Policía la controló fácilmente. Sin los indígenas (y los choferes), los paros no tienen peso.

Como suele suceder en los primeros días de las movilizaciones, las dos partes en conflicto, Gobierno y Conaie, radicalizan sus discursos y amenazas. Pero como los indígenas no entraron a Quito, no se tomaron El Arbolito ni instalaron sus potentes asambleas en la Casa de la Cultura, su voz se oye dispersa y políticamente menos relevante que en años pasados.

Pero mucho ojo, estimados lectores, este es un análisis coyuntural que no puede predecir el futuro. Una explosión, un manifestante caído o un error discursivo del régimen pueden cambiar las cosas en minutos. Hay que tomar en cuenta, además, que si algo sabe la Conaie es resistir a costa del agotamiento de la fuerza pública y el aparato estatal.

Por lo pronto, Noboa mantendrá rígida su orden de que a Quito no llegue el levantamiento. Mientras ello ocurra, logrará que el alza del diésel siga vigente.

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