¿Otra consulta para acumular más poder?
En diciembre próximo, los ecuatorianos asistirán a su décima consulta popular en 19 años. A ojo de buen cubero, hay un evento de este tipo cada dos años.
Si se parte del hecho de que este debe ser uno de los países con más consultas populares de la región, la inferencia inmediata es que estas no han mejorado la calidad de la democracia.
Mejor dicho, algunas sí y otras no. Por ejemplo, es discutible interpretar el descontento generalizado por el sistema político, heredado de 1978, que Rafael Correa supo capitalizar, impulsando la consulta popular de abril de 2007 que, con muchos atropellos jurídicos, parió la Constitución de Montecristi.
En adelante, todas las consultas y referendos del correísmo solo sirvieron para acumular poder y consolidar su modelo autoritario. Basta citar la consulta de 2011, cuando metió las manos en la Justicia, génesis de buena parte del descalabro que vive este sistema, y destruyó la libertad de expresión con sus preguntas en contra de los medios de comunicación.
La de Lenín Moreno, con absoluta seguridad, fue la consulta más importante de todo el período democrático. Se cortaron de un tajo, y sin disparar un solo tiro, los tentáculos del correísmo en el Estado, eliminando la reelección indefinida y creando el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que Julio César Trujillo tuvo a bien liderar.
Las consultas en el tiempo de Guillermo Lasso fueron innecesarias y un fracaso completo. Pese a que los temas de su primer cuestionario (extradición de delincuentes, eliminación de las facultades del Cpccs y reducción de asambleístas) suponían cambios interesantes, la popularidad de su gobierno estaba por los suelos, al punto de que el triunfo del No marcó, en buena medida, el fin anticipado de su mandato.
Luego vino la consulta para que no siguiera explotándose el bloque 43 del ITT, ordenada por la Corte Constitucional, con un desfase enorme e irresponsable cuyo su resultado –triunfó el Sí- ha destruido la política petrolera nacional.
Ahora, el presidente Noboa va por su segunda consulta. La primera, de abril de 2024, recuperó la figura de la extradición propuesta por Lasso, entre otros temas. Y ahora que, por trámite de reforma constitucional, debe preguntar al país sobre la instalación de bases extranjeras y financiamiento estatal a partidos y movimientos políticos, el Régimen inyectará otras cinco preguntas. La más controversial, que los jueces constitucionales sean sujetos de juicio político.
El perfil de esta pregunta, que será la sexta de todo el cuestionario, trae de regreso el debate sobre el verdadero objetivo de una consulta: hacer cambios necesarios para el país o acumular más poder.
Llama la atención que en la primera etapa del mandato de Correa transcurrieron 48 meses con tres consultas de por medio: con la cual pudo convocar a la constituyente (abril de 2007), con la que se refrendó la carta política de Montecristi (septiembre de 2008) y, finalmente, cuando se apoderó de la Justicia (mayo de 2011)
Ahora, Noboa en periodo tentativo de 20 meses, y si la Corte Constitucional le aprueba todas las preguntas, habrá realizado dos consultas que, sin duda alguna, lo legitiman políticamente si las gana. Y si de paso logra que su mayoría legislativa fiscalice a los magistrados constitucionales, con la capacidad de destituirlos a punta de juicios políticos, su cuota de poder subirá exponencialmente. Esto recién empieza.
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