Niels Olsen, la Asamblea y los escándalos selectivos
Con un afinado sentido de la oportunidad, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, emprendió otra cruzada en pos de la limpieza ética que por años ha necesitado el poder legislativo. Su objetivo ahora es luchar contra el tráfico de influencias y la contratación de parientes de los asambleístas. No fue suficiente que se pidiera la renuncia a 40 funcionarios, que otros tres lo hicieran por su cuenta y que a ocho se los haya desvinculado, sino que además se va a reformar el artículo 7 del Reglamento Interno de Talento Humano para que a futuro no se repitan estas prácticas.
El sentido de oportunidad de Olsen tiene dos aristas: poner en debate un tema sensible que genera harta comidilla en la discusión de la gente de a pie y argumentar que esta purga laboral en la Asamblea es una muestra de que su administración no tolerará incorrecciones, incluso, de su propia bancada.
Todo surgió por el desmesurado escándalo mediático y de redes sociales que desataron los garabatos que hacía el asambleísta más joven del país, Dominique Serrano, mientras su comisión, la de Fiscalización, analizaba las irregularidades de los contratos eléctricos con Progen. Luego, la prensa descubrió que la madre y el hermano de este legislador de 19 años trabajan en la Asamblea.
No se trata de minimizar, en este newsletter, las intenciones de Olsen por obligar a que todo el Parlamento actúe con un mínimo sentido de delicadeza, dejando de lado los palanqueos y el nepotismo que tanto han manchado la reputación del servicio público. Si su titular, a partir de estas denuncias y anuncios, inserta un verdadero proceso de meritocracia en la Asamblea, el país se lo agradecerá de pie. Aunque sí le falta decir, con nombre y apellido, de qué parientes se trata y cuáles asambleístas se pasaron de vivos.
Pero hasta que ello ocurra, la misma ciudadanía le exige no desentenderse de otros hechos y procedimientos preocupantes que han ocurrido con su venia y que tendrán efectos adversos para la política pública y el bienestar de la población.
El domingo 6 de julio, en el programa Políticamente Correcto, tres juristas de distintas vertientes y sectores lamentaron el trámite atropellado y nada respetuoso con las reglas de juego que permitió la aprobación y puesta en vigencia de las leyes de Seguridad Nacional e Integridad Pública.
Estos proyectos, dijeron los panelistas, se concibieron como leyes urgentes en materia económica, abarcando una serie de reformas penales que nada tienen que ver con ese tipo de trámite, rompiendo además el principio de unidad de materia legislativa. Por ello, se despertó el rechazo de un montón de sectores, devenidos en actores con poder de veto, que estaban deseosos de que el Régimen metiera la pata para intentar caotizar el país. Y lo más grave es que la Corte Constitucional puede tirar al piso esta serie de reformas clave para la política de seguridad del presidente Daniel Noboa, por el simple hecho de que ADN, con el permiso de Olsen, las tramitó de forma atropellada inobservando el orden jurídico.
¿Qué pasa si en un par de meses la Corte elimina el marco regulatorio del conflicto armado interno, el indulto diferido a policías y militares, el juzgamiento como adultos a los adolescentes vinculados a delitos graves o la emergencia judicial?
Hasta el momento, el presidente Olsen ha evitado hablar de este escenario que, de darse, significaría un duro golpe a la agenda con celeridad que el oficialismo en su conjunto se propuso impulsar.
En perspectiva, este tema es mucho más importante y complejo que los garabatos y el nepotismo de un muchacho que, desde la campaña electoral, fue criticado porque no tenía los méritos, la experiencia ni la madurez para ser legislador y que, pese a ello, ADN le cobijó en sus listas.
Es momento de que el titular de la Legislatura se refiera a la avalancha de cuestionamientos, devenidos en demandas de inconstitucionalidad, que rodea las leyes que él ayudó a aprobar. Esta respuesta, más que desde un sentido de oportunidad, debe canalizarse desde un sentido de responsabilidad, incluso, para evitar que el Gobierno caiga en un atolladero.
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