Eliminar los subsidios a los combustibles es lo correcto
Hizo bien el Gobierno en volver a anunciar la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y Ecopaís como un paso necesario e ineludible para ajustar el gasto público. Tal debe ser la falta de liquidez en las cuentas fiscales, así como los condicionamientos del FMI para salvar a Ecuador y su dolarización de la catástrofe, que el presidente Daniel Noboa se muestra tan decidido en el inicio de la campaña electoral.
Si bien las vocerías del Régimen han sido erráticas y hasta explosivas, al abordar la agenda política coyuntural, es positivo ver cómo en un tema tan sensible hay coherencia entre el ministro de Energía, (e) Roberto Luque, y el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Al parecer, la agenda está clara.
Torres, la mañana de este miércoles 5 de junio, introdujo dos elementos sustanciales en la discusión que, por su calado, no debieran tener marcha atrás. El primero es la fecha. “En este año”, dijo Torres, por lo que, asumiendo que la misión de Noboa es cuidar su popularidad para las elecciones, el decreto definitivo de eliminación del subsidio a estos combustibles debiera salir antes de agosto, para lograr que las reacciones políticas y de sectores sociales como la Conaie se aplaquen antes de que comience la campaña. Los ejemplos de octubre de 2019 y junio de 2022 deben ser referenciales para evitar un error de proporción.
El segundo elemento importante fue la relación que hizo el Viceministro entre dispendio de los recursos públicos por cuenta del subsidio y la inseguridad. Es decir que, en las provincias fronterizas como Zamora Chinchipe, El Oro o Galápagos, el monto del consumo de gasolina no se compadece, en proporción, a lo que se gasta en Quito o Guayaquil. En síntesis, las mafias se benefician del combustible barato para sus operaciones criminales.
Torres señala que el Estado destina 631 millones de dólares para tener el precio de la extra y de la Ecopaís congelados. Y que, más o menos, los planes de compensación directa a los usuarios que lo necesitan, serían de unos 150 millones de dólares. Es decir, se pretende un ahorro a anual de 450 millones. Casi dos mil millones hasta 2028, fecha en la que terminaría este nuevo acuerdo con el FMI.
Cuando la firma del decreto presidencial se dé, el Régimen tendría que tener listo el mecanismo de compensación-focalización arriba citado, para que sea eficiente.
Además, una estrategia de contención ante posibles protestas que, bien manejada, incluso Noboa pudiera capitalizarla a su favor si, por ejemplo, pone la agenda de Leonidas Iza como un obstáculo para que el país pueda avanzar en un tema vital y que, desde hace cinco años, ha significado dolor, bloqueo y unas distorsiones presupuestarias inadmisibles. Veamos cómo reacciona el resto de las fuerzas políticas.