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La Corte Constitucional aceptó parcialmente el estado de excepción decretado por Noboa, debido a la crisis energética
Señaló que la movilización militar y policial hacia infraestructuras de energía es inconstitucional y llamó la atención al Presidente por no justificar adecuadamente su decisión.
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Fachada de las instalaciones de la Corte Constitucional en Quito.( )
El estado de excepción por la crisis energética en el país recibió el dictamen favorable de la Corte Constitucional, la tarde del 2 de abril. La institución también decidió favorablemente sobre la medida de disposición extraordinaria de fondos públicos.
El pasado 19 de abril, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción por 30 días, debido a una grave conmoción interna y calamidad pública en todo el territorio nacional. Señaló que el objetivo era garantizar la continuidad del servicio a escala nacional
El decreto también determina que el Ministerio de Economía asignará los recursos suficientes para atender el estado de excepción "pudiendo disponer de los fondos públicos necesarios para el efecto, excepto los correspondientes a salud y educación".
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Una vez que finalice, según disposición de la Corte Constitucional, el Mandatario deberá remitir un informe respectivo.
Movilización de policías y militares es inconstitucional
Por otro lado, la Corte declaró como inconstitucional la medida de movilización e intervención de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Noboa la justificó en el decreto 229, señalando que son los responsables de garantizar la seguridad de las instalaciones críticas de infraestructura energética para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar su funcionamiento.
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Esta medida se aplicó inmediatamente después de la firma del documento. Pasadas las 17:00, personal militar se desplegó en las centrales hidroeléctricas, "asegurando su operación ininterrumpida y protección contra amenazas a través de la supervisión constante y el uso de la tecnología avanzada", señalaron en un video en la red social X.
Pero ese no fue el único punto en contra. También se decidió:
Llamar la atención al presidente de la República por no aportar información suficiente destinada a justificar la declaratoria del estado de excepción y por la falta de justificación del ámbito territorial y de la temporalidad de la declaratoria de estado de excepción.
Actualmente, los embalses de las hidroeléctricas se han recuperado y el Gobierno avanza con contratos que permitirán garantizar el servicio de energía en el futuro. El estado de excepción finalizará el domingo, 19 de mayo.
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