16 ene 2024 , 15:39

La Asamblea Nacional se compromete a tramitar más de 100 leyes y el juicio político contra Diana Salazar hasta mayo de 2025

El juicio político contra la fiscal general Diana Salazar está en sexto lugar de prioridad de siete que tiene planificados la actual Asamblea Nacional, hasta el término de sus funciones en mayo de 2025.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle Kozhaya, aprobó la agenda parlamentaria en la que trabajará la Función Legislativa hasta el fin de sus funciones, hasta el 14 de mayo de 2025.

En aquel documento se comprometen a tramitar más de 100 leyes y siete juicios políticos, entre los que se encuentra el juicio político contra la fiscal general Diana Salazar, que se realizaría a fines del 2024 o comienzo de 2025.

Como prioridad tenían el enjuiciamiento contra los vocales del Consejo Nacional Electoral, pero al existir varios procesos electorales en los próximos meses, como la consulta popular y la preparación de las elecciones presidenciales y legislativas del 2025, quedó suspendida.

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El que sigue en la lista es el juicio contra el exministro de Inclusión Esteban Bernal, en el que se recibieron las comparecencias del imputado y del asambleísta proponente, Eckenner Recalde, y se espera el informe final de la Comisión de Fiscalización para que la Asamblea Nacional decida si lo enjuiciarán o si archivan el proceso.

De allí sigue los exvocales de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Murillo, el exministro de Energía y Minas, Fernando Santos, y el exministro de Interior Juan Zapata.

En sexto lugar está Diana Salazar, y en último el expresidente de la Judicatura Wilman Terán, junto a Xavier Muñoz, y Maribel Barreno.

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La agenda parlamentaria contempla 110 proyectos de ley en materia de seguridad, economía, producción y empleo, salud, educación.

Será evaluada de forma semestral, para lo cual la Unidad Técnica Legislativa de forma conjunta con la Secretaría General realizarán un seguimiento bimestral, sobre el avance tanto en el Pleno de la Asamblea Nacional como en las comisiones especializadas permanentes, respecto de los proyectos de ley priorizados.

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