Las reformas al Código Orgánico Integral Penal quedaron en pausa tras suspenderse la sesión en la Asamblea Nacional

Las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) no se concretaron en el Pleno de la Asamblea. Después de casi 20 minutos de reinstalar la sesión 900, el presidente Henry Kronfle la suspendió nuevamente y se retomará en los próximos días, cuando sea convocada.

La sesión número 900 empezó con el análisis, en segundo debate, del proyecto de reformas al COIP. Este busca unifica 43 iniciativas legislativas, como una herramienta que contribuye al combate contra la inseguridad ciudadana y la delincuencia organizada.

Desde las 10:00, los legisladores comenzaron a llegar al Pleno del Palacio Legislativo, localizado en el centro de Quito, e iban ubicándose en sus curules. A las 10:55 comenzó oficialmente la sesión con la presencia de 122 legisladores.

Uno de los primeros legisladores que intervino fue Fernando Jaramillo, quien indicó que se han presentado reformas positivas. Por ejemplo, el incremento de penas en delitos execrables; sin embargo, también hay reformas que no corresponden y que -a su juicio- serían la puerta hacia la impunidad. Pidió que se suspenda el debate y regrese a la Comisión de Justicia.

Henry Bosquez recordó que Ecuador fue uno de los países más pacíficos y seguros de A. Latina; sin embargo, en la actualidad “estamos entre los cinco países más inseguros del mundo, según publicaciones especializadas”. Apoya a las reformas planteadas, entre ellas la incorporación del feminicidio, el doble conforme.

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La reunión fue convocada por el presidente de la Legislatura, Henry Kronfle Kozhaya. El debate tendrá como base el informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que previamente consultó la opinión de especialistas en Derecho Penal, Ambiental, Rehabilitación Social, expertos en materia constitucional, en género, niñez y adolescencia, magistrados de la Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, docentes universitarios, Fiscalía, Defensor del Pueblo, Ministerio del Interior, SNAI, y representantes de organismos internacionales, entre otros.

El objetivo es crear normas para garantizar el goce y ejercicio de los derechos a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

La comisión destaca que en una coyuntura como la presente, se busca proporcionar seguridad a la sociedad. El Parlamento acogió las propuestas que comprenden el endurecimiento de penas, como un mecanismo de fortalecimiento del imaginario sobre el poder punitivo del Estado, cuyo efecto pretende ser preventivo.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentra el incremento de las penas para delitos contra la vida y aquellos que afectan la eficiencia del Estado.

En particular, la pena máxima por sicariato se elevará de 26 a 30 años, mientras que para el delito de terrorismo se ampliará de 13 a 18 años, y la delincuencia organizada será castigada con hasta 13 años, en comparación con los 10 años actuales.

Los legisladores también tomarán decisiones cruciales respecto a la posible eliminación de beneficios penitenciarios para quienes cometan crímenes graves, como asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la libertad (secuestro), extorsión, tráfico de migrantes y tráfico de drogas a gran escala.

En otras palabras, aquellos condenados por estos delitos no podrán acceder a reducciones de penas ni cumplir sus condenas fuera de las cárceles.

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Además, las reformas buscarán la tipificación de dos nuevos delitos. En primer lugar, se establecerá el feminicidio, entendido como las acciones u omisiones de los servidores públicos que nieguen o retarden el auxilio para prevenir un feminicidio, con una pena de 1 a 3 años.

El segundo delito a incluir en el COIP será la propagación de enfermedades infectocontagiosas, dirigido a aquellos que conscientemente buscan propagar el VIH.

En otro ámbito, se extenderá la prohibición para que los extranjeros condenados que hayan cumplido su pena en Ecuador regresen al país de 10 a 20 años, según las reformas planteadas al COIP.

Es importante destacar que las reformas no incorporaron las solicitudes de varios sectores que abogaban por juzgar a los adolescentes como adultos en casos de delitos graves.

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