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La Asamblea debatirá este jueves el aumento de penas por sicariato y terrorismo, entre otras reformas al COIP
Los legisladores también tomarán decisiones cruciales respecto a la posible eliminación de beneficios penitenciarios por delitos graves.
La Asamblea Nacional abordará este jueves, en su segundo debate, un conjunto de 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que contempla ajustes significativos en diversas áreas.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentra el incremento de las penas para delitos contra la vida y aquellos que afectan la eficiencia del Estado.
En particular, la pena máxima por sicariato se elevará de 26 a 30 años, mientras que para el delito de terrorismo se ampliará de 13 a 18 años, y la delincuencia organizada será castigada con hasta 13 años, en comparación con los 10 años actuales.
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FIN A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS
Los legisladores también tomarán decisiones cruciales respecto a la posible eliminación de beneficios penitenciarios para quienes cometan crímenes graves, como asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la libertad (secuestro), extorsión, tráfico de migrantes y tráfico de drogas a gran escala.
En otras palabras, aquellos condenados por estos delitos no podrán acceder a reducciones de penas ni cumplir sus condenas fuera de las cárceles.
Además, las reformas buscarán la tipificación de dos nuevos delitos. En primer lugar, se establecerá el feminicidio, entendido como las acciones u omisiones de los servidores públicos que nieguen o retarden el auxilio para prevenir un feminicidio, con una pena de 1 a 3 años.
El segundo delito a incluir en el COIP será la propagación de enfermedades infectocontagiosas, dirigido a aquellos que conscientemente buscan propagar el VIH.
En otro ámbito, se extenderá la prohibición para que los extranjeros condenados que hayan cumplido su pena en Ecuador regresen al país de 10 a 20 años, según las reformas planteadas al COIP.
Es importante destacar que las reformas no incorporaron las solicitudes de varios sectores que abogaban por juzgar a los adolescentes como adultos en casos de delitos graves.
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